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Javier, Paloma, Stéphan y Li, como tantos empresarios españoles e internacionales, quieren vender su negocio en el momento adecuado y en las mejores condiciones. Todos los días nuestros protagonistas venden multitud de bienes y prestan variedades de servicios. Ahora bien, vender su empresa lo hacen una vez en la vida. Javier, Paloma, Stéphan y Li, aunque triunfan como extraordinarios gestores de su negocio, nos reconocen que no son especialistas precisamente en vender su propia empresa.

Primera: “de primera comunión”

Ellos llevan su empresa -con gran éxito económico- conforme a sus criterios de gestión, pero empiezan por reconocer que no siempre ajustándose a los estándares de cumplimiento normativo que su comprador exige para pagar el precio más alto. Las prácticas del sector, la flexibilidad del día a día y los descuidos han ido acumulándose. Ha llegado el momento de poner la empresa en forma para lucir con su máximo esplendor.

En primer lugar, el inversor hará una revisión de su negocio (due diligence de compra), que deberá estar cubierta correctamente por un acuerdo de confidencialidad. La due diligence cubre cuestiones contables y de negocio para entender los flujos de caja que la empresa genera, lo que en muchos casos servirá de criterio para establecer el precio de compra. Además, el inversor se interesará por la correcta llevanza fiscal y legal del negocio, incluyendo la correcta liquidación de los tributos, mantenimiento de licencias y permisos, cumplimiento de obligaciones contractuales y laborales, etc.

Cada vez más los compradores o inversores preguntan sobre el programa de prevención del riesgo penal, que es obligatorio para todas las empresas (grandes, medianas y pequeñas) por mandato del Código Penal. ¿Cuál es el mapa de riesgos de este concreto negocio? ¿Qué estipula el código ético? ¿Se ha formado a los trabajadores en la detección y trato de delitos? ¿Se han implantado medidas de prevención y respuesta temprana?

Segunda: “zapatero, a tus zapatos”

Por el momento, nuestros empresarios no saben lo que su comprador va a pedirles ni lo que va a ofrecerles, y tienen que estar preparados. Si nuestros clientes cuentan con apoyo externo de un buen abogado, pueden seguir concentrándose en llevar su negocio en el día a día por dos razones: porque es lo que mejor saben hacer y porque así la sociedad sigue aumentando de valor.  Si la operación de compraventa se cancela, siempre pueden seguir llevando su negocio a la espera de una mejor oportunidad.

Tercera: “mucha gente en esta fiesta”

Una empresa es un ser vivo, que cambia cada día o incluso cada hora, que tiene muchas facetas (legales, financieras) y un conjunto de socios con intereses coincidentes … o quizá discrepantes. La empresa mantiene relaciones con Hacienda, con la Seguridad Social, con los trabajadores, clientes y proveedores. De cómo se organice la transición al nuevo propietario dependerá que estas relaciones sigan resultando fructíferas tras la venta.

Cuarta: “ojo a la letra pequeña”

Pasada satisfactoriamente la fase de auditoría o due diligence, comienza la negociación del contrato de compraventa. Hay múltiples beneficios en no vender o comprar una empresa por intuición. Igual que nuestros clientes se aseguran de atar bien los contratos que recogen las ventas de bienes y las prestaciones de servicios con su propia clientela, más les vale negociar con cuidado las condiciones en las que hacen la operación más grande de sus vidas: la venta de su propia empresa. Las cláusulas de una compraventa no siempre significan lo que parece que dicen.

Quinta: “David y Goliat”

Asesorarse debidamente resulta crucial con compradores institucionales, tales como fondos de capital riesgo (private equity) u oficinas familiares (family offices), quienes suelen exigir al fundador que permanezca como socio y que continúe gestionando el negocio. En estos casos se negocia un pacto de socios o acuerdo entre accionistas. Para el socio gestor deberá recoger un conjunto de protecciones tanto económicas como legales, sin olvidar un pacto de salida o desinversión. El gestor deberá acordar cómo impactan su jubilación, su incapacidad y su marcha de la empresa en diversos escenarios. En todas estas cuestiones, Javier, Paloma, Stéphan y Li requieren asesoramiento especializado, por las muchas implicaciones personales, fiscales y patrimoniales a las que han de hacer frente.

Para emprender con éxito la operación más importante de sus vidas, nuestros clientes necesitan un equipo de abogados con conocimientos fiscales, mercantiles, laborales, penales e incluso de derecho de la competencia, que esté al nivel de los abogados que trae su comprador. En un mundo globalizado, altamente competitivo, nada debe dejarse a la suerte.

https://cepymenews.es/claves-vender-empresa/

 

Si la respuesta es “sí”, no dejes de leer este artículo, a lo largo del cual expondremos algunos de los factores más importantes a tener en cuenta para aquellas Startups españolas que estén pensando en obtener financiación de inversores americanos.

Que el ecosistema Startup goza de buena salud en España es una realidad. Prueba de ello ha sido el reciente éxito de la quinta edición de la iniciativa South Summit, la cual congregó el pasado octubre en Madrid a más de 10.000 personas y 400 emprendedores.

No obstante, las posibilidades de crecimiento en España para los pequeños emprendedores con ideas disruptivas siguen presentando importantes limitaciones en lo que al acceso a capital y financiación se refiere. Ello se debe fundamentalmente al reducido número y tamaño de los fondos de Private Equity y Venture Capital que operan en nuestro país.

Por ello, es muy habitual que emprendedores españoles con éxito, que han conseguido cerrar rondas de financiación de entre 1 y 4 millones de euros (normalmente con Angel Investors y fondos españoles como sus principales inversores), consideren la opción de buscar financiación en Estados Unidos para sus futuras rondas debido, fundamentalmente, al potencial de sus inversores y a la madurez de su mercado.

A continuación, trataremos de dar respuestas a las principales preguntas que se plantean los emprendedores españoles en su búsqueda de financiación de inversores americanos.

¿Qué tipo de estructura puede facilitar a las Startups españolas la búsqueda de financiación en EEUU?

Normalmente el emprendedor español cuenta con una Sociedad Limitada (S.L), constituida conforme a las normas de derecho español. Sin embargo, los fondos de capital riesgo americanos generalmente prefieren no invertir en compañías locales operativas situadas fuera del territorio de Estados Unidos, entre otros motivos, por cuestiones legales como evitar que su relación con la Startup se regule por unas leyes distintas a las americanas, leyes que desconocen y con la que no se sienten cómodos.

Es por ello que resulta aconsejable (y a veces incluso exigido por los inversores) restructurar la empresa con carácter previo a la obtención de financiación, de modo que la sociedad operativa española sea filial 100% de una sociedad holding americana, domiciliada en Delaware, en la que entrarán los nuevos inversores americanos.

Con el adecuado asesoramiento fiscal y legal, se puede minimizar el coste fiscal tanto de la adaptación de la estructura española a las necesidades de los inversores americanos (que podría beneficiarse del régimen de neutralidad fiscal aplicable en España a las operaciones de restructuración empresarial) como de la futura desinversión de los socios (por aplicación de determinadas exenciones fiscales en España).

¿Qué tipo de sociedad es más recomendable constituir en EEUU?

La respuesta es: “Depende”. Los dos principales tipos de compañías en Estados Unidos para accionistas que no son “U.S. Persons” son la corporación (C-Corp.) y la sociedad de responsabilidad limitada (Limited Liability Company). Su régimen fiscal es completamente diferente y va a depender también del número de socios que tenga la compañía (esto es, no es lo mismo una LLC que posee un único socio que una LLC con varios socios).

Adicionalmente, ciertas estructuras no son adecuadas si se espera recibir financiación de un determinado tipo de inversor. Por ejemplo, los inversores ángeles, por lo general, no suelen tener inconveniente en invertir a través de LLCs. Sin embargo, los inversores institucionales exigen en la mayor parte de los casos que la compañía holding sea una corporación.

Delaware suele ser la jurisdicción predilecta para la compañía holding por diversos motivos, incluyendo su alto nivel de confidencialidad, la existencia de unas leyes que se consideran beneficiosas tanto para la compañía como para el inversor, y la existencia de unos juzgados altamente especializados en disputas de tipo corporativo.

En suma, es recomendable que las Startups españolas que deseen buscar financiación en EEUU estén preparadas para poder adaptar fácilmente su estructura corporativa a las necesidades impuestas por los inversores americanos. Recomendamos que, para hacer este proceso lo más rápido y sencillo posible, se obtenga asesoramiento legal y fiscal especializado en ambas jurisdicciones.

https://cepymenews.es/startup-financiacion-rondas-financiacion-inversores-americanos/

Que el potencial franquiciado disponga de información completa y veraz sobre el modelo de negocio que pretende replicar desde el inicio de las negociaciones es fundamental para el éxito de la relación posterior entre franquiciador y franquiciado.

De hecho, con la finalidad de que el franquiciado pueda decidir, libremente y con conocimiento de causa, su incorporación a la correspondiente red de franquicia, el artículo 3 del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, que regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia, establece un deber de información precontractual del franquiciador en favor del potencial franquiciado.

En particular, dicho precepto establece que, con una antelación mínima de veinte días hábiles a la firma del contrato o precontrato de franquicia, o a la entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador o franquiciado principal deberá entregar por escrito al potencial franquiciado la siguiente información, que ha de ser veraz y no engañosa:

a) Datos de identificación del franquiciador: nombre o razón social, domicilio y datos de inscripción en el registro de franquiciadores, así como, cuando se trate de una compañía mercantil, capital social recogido en el último balance (con expresión de si se halla totalmente desembolsado o en qué proporción), y datos de inscripción en el Registro Mercantil. Cuando se trate de franquiciadores extranjeros, además, los datos de inscripción en los registros de franquiciadores a que vengan obligados, de acuerdo con las leyes de su país o Estado de origen. De tratarse de franquiciado principal se incluirán, además, las circunstancias anteriores respecto de su propio franquiciador.

b) Acreditación de tener concedido para España, y en vigor, el título de propiedad o licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad franquiciadora, y de los eventuales recursos judiciales interpuestos que puedan afectar a la titularidad o al uso de la marca, si los hubiere, con expresión, en todo caso, de la duración de la licencia.

c) Descripción general del sector de actividad objeto del negocio de franquicia, que abarcará los datos más importantes de aquél.

d) Experiencia de la empresa franquiciadora, que incluirá, entre otros datos, la fecha de creación de la empresa, las principales etapas de su evolución y el desarrollo de la red franquiciada.

e) Contenido y características de la franquicia y de su explotación, que comprenderá una explicación general del sistema del negocio objeto de la franquicia, las características del saber hacer y de la asistencia comercial o técnica permanente que el franquiciador suministrará a sus franquiciados, así como una estimación de las inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha de un negocio tipo. En el caso de que el franquiciador haga entrega al potencial franquiciado individual de previsiones de cifras de ventas o resultados de explotación del negocio, éstas deberán estar basadas en experiencias o estudios que estén suficientemente fundamentados.

f) Estructura y extensión de la red en España, que incluirá la forma de organización de la red de franquicia y el número de establecimientos implantados en España, distinguiendo los explotados directamente por el franquiciador de los que operen bajo el régimen de cesión de franquicia, con indicación de la población en que se encuentren ubicados y el número de franquiciados que hayan dejado de pertenecer a la red en España en los dos últimos años, con expresión de si el cese se produjo por expiración del término contractual o por otras causas de extinción.

g) Elementos esenciales del acuerdo de franquicia, que recogerá los derechos y obligaciones de las respectivas partes, duración del contrato, condiciones de resolución y, en su caso, de renovación del mismo, contraprestaciones económicas, pactos de exclusivas, y limitaciones a la libre disponibilidad del franquiciado del negocio objeto de franquicia.

La existencia de este derecho legal de información no ha servido para que hayan prosperado, con carácter general, las pretensiones de declaración de nulidad del contrato por vicio en el consentimiento del franquiciado, en los casos de incumplimiento de ese deber de información por parte del franquiciador. Sin embargo, sí es altamente recomendable la exigencia de su cumplimiento por parte del franquiciado, quien podrá así valorar consciente y adecuadamente su incorporación o no a la red de franquicia. Lo mismo podemos decir en el caso del franquiciador, a quien también convendrá la observancia rigurosa de su obligación de información, para reducir el riesgo de éxito de otras posibles acciones judiciales de reclamación del franquiciado, por ejemplo, ante supuestos en que la información precontractual entregada haya podido resultar falsa o engañosa.

http://cepymenews.es/derecho-informacion-precontractual-franquiciado/

El pasado 2 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que introduce dos novedades que nos afectan en nuestra relación diaria con la administración: (i) la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la administración, y (ii) el cómputo de los plazos.

A partir de la entrada en vigor de la citada Ley las sociedades, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, los Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, están obligadas a que todas las comunicaciones dirigidas a la administración se realicen por vía electrónica (salvo que la administración correspondiente no tenga habilitado el servicio preciso para ello).

Esta cuestión tiene una eminente trascendencia práctica, puesto que obliga no solo a que a partir de ahora todas las comunicaciones que se dirijan a cualquier Administración Pública deban ser realizadas por vía electrónica a través de las correspondientes sedes electrónicas que al efecto estén habilitadas (o que a este efecto se habiliten), sino que además, en caso de no usar este sistema, la administración requerirá para que se subsane la presentación efectuada en papel, a fin de que se lleve a cabo por vía electrónica. Además, especialmente importante es que la fecha que se tomará en consideración como fecha de presentación del escrito será la de subsanación, y no la de presentación inicial del escrito, con la trascendencia que ello tiene a efectos de la presentación dentro del plazo que al efecto se nos haya concedido por la Administración.

Quedan excluidas por ahora de esta obligación las personas físicas, que podrán seguir presentando documentos en las Oficinas de Registro de las diferentes administraciones públicas como venía llevándose a cabo hasta ahora.

Respecto de la segunda cuestión que planteábamos, la relativa al cómputo de los plazos, la Ley 39/2015 establece que a partir de su entrada en vigor, los sábados, los domingos y los festivos pasan a ser inhábiles a los efectos de cómputo de plazos, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, cuando sólo se consideraban inhábiles los domingos y los festivos.

http://cepymenews.es/novedades-relevantes-para-presentacion-escritos-ante-administracion/

Cada vez es más previsible que el legislador termine imponiendo una limitación a la libertad que actualmente tienen las Comunidades Autónomas para legislar en materia de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), en el sentido de limitar la competencia fiscal entre Comunidades estableciendo una cuota mínima para todos los contribuyentes, independientemente de dónde residan.

La mayoría de los empresarios suelen estar tranquilos en lo que se refiere a esta cuestión, porque tanto el IP como el ISD prevén un beneficio fiscal importante en relación con la participación en sociedades que desarrollen una actividad económica, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Ahora bien, frecuentemente se olvida que el IP excluye de la aplicación de sus beneficios a aquellos bienes y derechos contabilizados en el activo que no sean necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, de manera que los beneficios fiscales previstos pueden no resultar aplicables al 100% de la participación. Además, una Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de julio de 2015, ha confirmado la extensión de esa limitación a los beneficios fiscales previstos en el ISD.

Tal regulación y jurisprudencia, así como el ambiente político imperante, suponen el caldo de cultivo idóneo para que la Administración realice todo tipo de interpretaciones sobre qué se entiende por “bienes y derechos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional”, con el fin de reducir al máximo el ámbito de aplicación de los beneficios fiscales de la empresa familiar previstos en IP y en ISD, aunque eso suponga un evidente perjuicio a la continuidad de las empresas y a la actividad económica en su conjunto.

Por ese motivo, cada vez es más necesario llevar a cabo una revisión anual del cumplimiento de los requisitos de aplicación de los beneficios de la empresa familiar en materia de IP e ISD, a fin de adoptar medidas que permitan aplicar esos beneficios al 100% de la participación en nuestra empresa, como son la revisión del objeto social de la empresa, en función del tipo de activos con que cuente, o la comprobación de las funciones desempeñadas por el personal de la empresa, entre otros.

http://cepymenews.es/revision-los-requisitos-empresa-familiar-efectos-fiscales

El pasado mes de agosto se hizo pública la esperada Sentencia del Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la llamada Ley de Tasas (Ley 10/2012, de 20 de noviembre).

La sentencia es estimatoria parcialmente, por cuanto considera que el establecimiento de las tasas no vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y, por tanto, los fines de la ley son constitucionales. Por el contrario,sí considera que su cuantía (fija y variable) es desproporcionada y puede tener un efecto disuasorio en los ciudadanos impidiendo que acudan a los Tribunales.

En concreto, el Tribunal anula las siguientes cuotas fijas: 1) la de 200 euros para interponer el recurso contencioso administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso administrativo ordinario; 2)la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil; 3)la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo; y 4) la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

También ha sido declarada inconstitucional una cuota variable que se establecía en función del valor económico del litigio.

Las tasas afectadas por el recurso son sólo las exigidas a las personas jurídicas, pues una reforma de la Ley, que entró en vigor el 1 de marzo de 2015, eximió del pago a las personas físicas.

El Tribunal aclara que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo se aplicará en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme. La sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en los restantes casos.

Recordemos que la denominada tasa judicial por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, entró en vigor el 1 de abril de 2013, y fue exigida también a las personas físicas hasta el 1 de marzo de 2015.

Desde su implantación, el que fuera denominado “tasazo” impulsado por Gallardón tuvo un rechazo contundente por parte de la sociedad al violar el derecho constitucional de ciudadanos y pymes a acceder a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva. Muchas organizaciones han luchado por la derogación total de esta tasa. Incluso en el Congreso se presentaron diversas iniciativas mediante las que se solicitó la eliminación de las tasas para las pymes y las ONGs.

Tras la Sentencia, las reacciones no se han hecho esperar y las Asociaciones mayoritarias de Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su satisfacción con la anulación de las tasas y expresaron su conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia cuando dice que “en un Estado social y Democrático de Derecho que propugne como valores superiores del ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad, el pago de un tributo no puede obstaculizar el ejercicio de los derechos”.

En el último año son muchas las sentencias que han estimado las demandas interpuestas contra los bancos con motivo de la suscripción de hipotecas con mecanismo multidivisa o cláusula suelo por no superar el control de transparencia y por error en el consentimiento prestado por los clientes.

Conforme a la doctrina reciente del Tribunal Supremo, en relación con la cláusula suelo en un préstamo hipotecario, una cláusula sólo será transparente si facilita aquella información relevante para comprender los efectos y desarrollo razonable del contrato.

Según nuestro Alto Tribunal, las condiciones generales de los contratos con consumidores deben someterse al doble control de (i) incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical y al requisito de que las cláusulas se redacten de forma clara, comprensible y con caracteres tipográficos legibles que posibiliten un conocimiento real de su contenido; y (ii) transparencia propiamente dicho, que garantiza el equilibrio subjetivo entre el precio y la prestación, y en virtud del cual el usuario debe poder percibir la carga jurídica y económica que comporta el contrato.

Pero, ¿qué pasa cuando el contrato ha sido concertado por una empresa?

En los contratos suscritos por empresas, aunque no resulte de aplicación la normativa protectora de los derechos de consumidores y usuarios, sí es aplicable la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que exige que las cláusulas generales se ajusten a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Es por ello que algunas sentencias han declarado la nulidad de las cláusulas suelo insertas en préstamos firmados por Pymes (Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, de 28 de enero de 2015 y de la Audiencia Provincial de Soria, de 18 de febrero de 2016, por ejemplo). Otras resoluciones llegaron incluso a equiparar las sociedades mercantiles con los consumidores para decretar el carácter abusivo de la cláusula suelo incorporada a un préstamo (Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, de 21 de marzo de 2014). También existen, no obstante, pronunciamientos que han rechazado la aplicación de los criterios de transparencia en los contratos bancarios con Pymes (Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 24 de julio de 2014).

Con todo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016 ha aclarado la debatida cuestión al establecer que el control de transparencia propiamente dicho está reservado a los consumidores y, por tanto, esa especial protección no puede ofrecerse a las empresas.

La sentencia cuenta, sin embargo, con el voto particular del magistrado Javier Orduña Moreno, que demanda una aplicación del control de transparencia a los contratos celebrados entre los bancos y los pequeños y medianos empresarios que "en la práctica, actúan como meros adherentes en la contratación". A su entender, el control de transparencia debería emplearse como un principio jurídico al que todos los jueces pudieran recurrir.

Entretanto, los contratos entre empresas y bancos, cuando éstas actúen dentro de su ámbito empresarial o profesional, deberán impugnarse con apoyo en el Código Civil y con base en el error en el consentimiento e infracciones legales y contractuales cometidas por la entidad bancaria derivadas, principalmente, de la falta de información.

El 1 de julio de 2015 entró en vigor la nueva reforma del Código Penal que ha endurecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta reforma prevé que las empresas que cuenten con sistemas de prevención de delitos puedan eximir la responsabilidad penal. Y no sólo las de mayor tamaño. También las pymes. Unas y otras pueden ser penalmente responsables en caso de que se hayan cometido delitos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio, de ahí la importancia de contar con un programa de cumplimiento eficaz e idóneo.

En este sentido, la Circular de la Fiscalía 1/2016 ya ha apuntado que el legislador ha diseñado estos programas pensando fundamentalmente en la mediana y gran empresa. Por lo tanto, esta exigencia puede resultar excesiva para las pequeñas organizaciones. No obstante, como éstas tienen también que cumplir la exigencia de adoptar un programa, éste deberá acomodarse a su estructura organizativa, pudiendo desempeñar el órgano de administración las funciones del oficial de cumplimiento.

Asimismo, y tan sólo en lo que va de año, el Tribunal Supremo ya ha tenido la oportunidad de abordar dos veces esta reforma. Casualmente, en los dos supuestos enjuiciados se trataba de pymes. El primer fallo, de 29 de febrero, constituye un hito importante en el Derecho penal y marca las pautas que el Alto Tribunal valorará a lo hora de abordar los programas de cumplimiento. En este caso, el Pleno de la Sala Segunda establece, como presupuesto inicial, que para apreciar la responsabilidad de la empresa, debe constatarse la comisión de un delito por una persona física integrada en la organización. Además, es necesario que la empresa haya incumplido su obligación de establecer un programa de cumplimiento para evitar la comisión de delitos, lo que supondrá que el juez tenga que analizar si el delito cometido por el trabajador ha sido facilitado de algún modo por la ausencia en la empresa de una cultura de respeto al derecho.

El Tribunal Supremo también ha puesto de manifiesto la posibilidad de que exista un conflicto de interés procesal entre la persona física acusada del delito y la persona jurídica que sea representada en el proceso por esa misma persona física, lo que puede ser habitual en las pequeñas y medianas empresas. Téngase en cuenta que esto supondría que el eventual responsable de la infracción, por ejemplo, el administrador, representaría en el proceso a la empresa y podría estar interesado en buscar una rápida conformidad para la empresa procediendo al pago de la indemnización con cargo a ésta, sin colaborar al total esclarecimiento de los hechos o desincentivando a los perjudicados de averiguar quién es el verdadero autor físico del delito. Y todo ello con el único objetivo de ocultar su propia responsabilidad. Esta actuación evidentemente puede conculcar gravemente el derecho de defensa de la empresa.

La segunda sentencia del Tribunal, de 16 de marzo, ha absuelto a una empresa acusada de estafa al considerar que ésta sufrió indefensión. Y es que la responsabilidad de las empresas sólo puede declararse después de un proceso con todas las garantías, las mismas con las que se juzga a una persona física. Además, ha señalado que para que una empresa sea responsable es necesario probar que ésta ha incumplido gravemente su deber de vigilancia y control.

Por todo lo anterior, todas las empresas deben tomar en serio la necesidad de elaborar un programa de cumplimiento claro, eficaz y que esté adaptado a su actividad, estructura organizativa y a sus concretos riesgos.

La jurisprudencia reciente parece abrir una vía para recuperar las cuotas pagadas en concepto de plusvalía municipal en aquellos supuestos en los que, al transmitir un inmueble de naturaleza urbana, se haya producido una pérdida o simplemente no se haya producido una plusvalía.

La plusvalía municipal, técnicamente “Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana” (IIVTNU), es “un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (compra-venta, donación, sucesión etc.) o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.”. Este impuesto es gestionado por los ayuntamientos y su aplicación está regulada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ley señala que para determinar el incremento de valor (o base imponible) se tiene en cuenta el valor del terreno en el momento de transmisión -entendido como su valor catastral-, el número de años entre transmisiones, y un porcentaje fijado por cada municipio.

La determinación de la base imponible en este impuesto se encuentra diseñada de forma que siempre exista base imponible positiva, por cuanto se basa en la idea de que el precio de los terrenos urbanos aumenta año tras año y de forma permanente, dando por supuesto que cualquier transmisión pone de manifiesto la plusvalía, y que ésta aumenta en función del número de años de titularidad del bien. La forma de determinar la base imposible no prevé, por tanto, la posibilidad de que puedan existir minusvalías, es decir, que no existan plusvalías ni, en consecuencia, incrementos de valor en los terrenos objeto de transmisión.

Ahora bien, como es sabido por todos, desde el 2007 hemos vivido una profunda crisis económica, especialmente en el sector inmobiliario, que con carácter general ha provocado un importante descenso en el valor de los bienes inmuebles.

En este escenario, entendemos que en las transmisiones de inmuebles por precio o valor inferior al de adquisición, debe reconocerse la ausencia del hecho imponible del IIVTNU, y la inexistencia de una base imponible positiva, lo que conduce, en consecuencia, a la ausencia de obligación tributaria por ese impuesto.

A esta misma conclusión han llegado, en más de una ocasión, el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia como los de Navarra o Cataluña o, más recientemente, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Alicante, al excluir de gravamen del IIVTNU aquellos supuestos en los que no se ha producido un incremento del valor del suelo urbano entre la adquisición y posterior transmisión del inmueble.

Lo anterior viene refrendado por la admisión a trámite de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad en relación con algunos de los artículos de la Ley que regula el Impuesto. La última que nos consta es la planteada por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 22 de Madrid, publicada en el BOE el pasado 8 de marzo de 2016.

En consecuencia, los tribunales de justicia estiman que en estos supuestos no se ha devengado el impuesto en cuestión, y que la exigencia automática del Impuesto en casos en los que no ha habido incremento de valor alguno, atentaría contra los principios de equidad y capacidad económica que informan e inspiran nuestro sistema tributario y que están recogidos en la Constitución.

En conclusión, siempre que, efectivamente, la transmisión del inmueble urbano no haya dado lugar a una plusvalía, existe una vía para recuperar el Impuesto pagado y no prescrito, a través de los oportunos procedimientos tributarios de revisión. También será posible impugnar las liquidaciones o autoliquidaciones del tributo que se emitan a partir de ahora.

A la fecha, muchos sabemos ya que las sociedades panameñas offshore están sufriendo fuertes críticas con motivo de las ventajas fiscales aparejadas a su utilización en estructuras de inversión internacional. Aunque las ventajas que ofrece la legislación panameña a las sociedades offshore responden, per se, al régimen de tributación territorial aplicado en dicho país, lo cierto es que la utilización de esta jurisdicción como estrategia de optimización fiscal está en el foco de atención y crítica mundial a raíz de la filtración de los ahora conocidos “papeles de Panamá”. El desprestigio reputacional que están sufriendo las sociedades panameñas offshore se extiende a un desprestigio e inseguridad para la cartera de un inversor medio desde una perspectiva económica, financiera, patrimonial y empresarial.

Hasta ahora, Panamá era utilizada en las transacciones internacionales básicamente por cuatro razones: (i) su tributación de carácter territorial, pues solo tributan las rentas de origen panameño, no existiendo tributación en las rentas generadas fuera de Panamá; (ii) por el anonimato de los socios o titulares últimos de las participaciones (protección patrimonial); (iii) porque era una estructura que estaba consolidada en el mercado (larga tradición); y (iv) por el bajo coste de mantenimiento de la estructura, ya que aquellas sociedades que sólo eran titulares de bienes o negocios fuera de Panamá, ni siquiera están obligadas a llevar una contabilidad, ni presentar impuestos, etc.

Analicemos a continuación estas razones, mediante la comparación con el régimen de "Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros"- ETVE - aplicable en España.

El régimen de ETVE no es un régimen de tributación territorial como tal, pero su aplicación permite una exención sobre las rentas derivadas de dividendos y ganancias patrimoniales obtenidas en las ventas de la participación en filiales, tanto nacionales como internaciones, así como de los dividendos y ganancias patrimoniales derivadas de la propia ETVE cuando el inversor es extranjero y no residente en un paraíso fiscal. Por lo tanto, si la actividad de la sociedad inversora es la gestión y administración de participaciones que cumplan determinados requisitos, el resultado es la no tributación de la ETVE por aplicación de una exención, entendida como mecanismo para evitar la doble imposición.

Respecto del anonimato de los socios, éste ha desaparecido en Panamá desde el 1 de enero de 2016. En España, el Registro Mercantil no necesita hacer constar los partícipes o accionistas de la sociedad, pero sí son conocidos por la Hacienda española (donde no existe publicidad de datos a terceros).

Respecto a la larga tradición de crear sociedades en Panamá, la aparición de los famosos “Papeles de Panamá” ha atraído la atención de las autoridades fiscales nacionales, y perjudicado reputacionalmente a los negocios legítimos llevados a través de entidades panameñas. Por el contrario, la ETVE española disfruta de inmejorable reputación en el mercado, además de una seguridad jurídica sólida, siendo el puente a las inversiones internacionales tanto hacia Latinoamérica como Europa, Asia, etc.

Por último, en cuanto al coste de mantenimiento, la realidad es que, frente al insignificante coste de las estructuras panameñas, la Unión Europea no puede competir. La estructura ETVE requiere la llevanza de una mínima contabilidad, presentación periódica de impuestos y depósito de cuentas. No obstante, la certidumbre del régimen de la ETVE compensa estas desventajas, especialmente si se obtiene un tax ruling (consulta vinculante de la Hacienda española). En cualquier caso, los costes de esta estructura en España son muy competitivos, los servicios excelentes y seguros, y la reputación internacional está intacta.

En este punto, no nos queda más que lanzar las siguientes preguntas que actualmente un inversor con participaciones en una sociedad gestora offshore panameña debe hacerse: ¿merece la pena mantener una inversión en un contexto como el de Panamá? ¿No resulta más conveniente invertir en una jurisdicción con un gran valor reputacional y con seguridad jurídica suficiente como para disfrutar de los beneficios fiscales existentes?

Es fundamental plantearse estas preguntas y, en la búsqueda de alternativas seguras y eficientes, la ETVE puede ser precisamente una buena respuesta.

Son muchas las empresas que contratan agentes comerciales y muchas las empresas que se dedican a ejercer la actividad de agencia comercial en nuestro país. Como esta actividad es muy habitual y suele conllevar bastantes problemas cuando un empresario decide no contar más con su agente, conviene recordar qué derecho tiene éste y qué tipo de indemnización puede reclamar. El contrato de agencia aparece regulado en la Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia.

En primer lugar, cuanto el contrato de un agente termina, ya sea de duración indefinida o determinada, y éste haya aportado con su buen hacer nuevos clientes o haya logrado que las operaciones con la clientela preexistente aumenten considerablemente, el agente tiene derecho a percibir la indemnización por clientela. No obstante, hay que tener en cuenta que si el agente trabajaba para una marca de prestigio, la indemnización podría reducirse. Esto se debe a que los esfuerzos que tiene que realizar el agente son menores por cuanto la marca puede venderse sola ya que los clientes ya la conocen.

La cuantía de la indemnización será fijada en función de diversos factores tales como la existencia de un pacto de prohibición de competencia, de un pacto de exclusividad o los años de duración del contrato. En cualquier caso, la indemnización no es ilimitada, sino que la Ley de Agencia establece un techo al señalar que no podrá ser superior al importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, si fuera inferior a este plazo, durante todo el contrato.

Además, el agente comercial, sea empresa o no, tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados por el empresario al haberle obligado a realizar determinadas inversiones y no haber podido amortizarlas, siempre que se trate de un contrato indefinido. En estos casos, si el empresario decide poner fin al contrato sin motivo alguno, deberá devolver al agente parte de esas inversiones. Esta indemnización se debe al hecho de que cualquier agente con un contrato indefinido va a estar dispuesto a realizar mayores inversiones en su negocio que un agente que sabe que su contrato va a expirar en un año.

Por último, cuando el empresario decide resolver el contrato sin conceder el preaviso al agente comercial, que es de un mes por cada año que ha estado vigente el contrato, con un máximo de seis meses, deberá indemnizarle. Esto es más frecuente de lo que en principio puede parecer ya que el empresario suele temer que al comunicar al agente su decisión de prescindir de él, éste puede no tratar a su clientela con la misma diligencia o incluso el mismo cariño que hasta el momento. Evidentemente, esto puede hacer que los clientes huyan a la competencia. Para evitar este eventual conflicto, el empresario puede valorar la resolución del contrato con el agente para poner inmediatamente a otro en su lugar que se ocupe de lo más importante del negocio: la clientela.

Aunque puede ser habitual que el agente firme contratos de agencia en los que acepta limitaciones a sus eventuales indemnizaciones o incluso renuncia a percibirlas, lo cierto es que cualquier limitación o renuncia se tendrá por no puesta ante un Juzgado. Esto se debe a que las indemnizaciones se prevén en preceptos de la Ley de Agencia, que tienen carácter imperativo, sin que las partes puedan disponer libremente de ellas.

Es fundamental a estos efectos que tanto las empresas como los agentes comerciales cuenten con un abogado procesalista acostumbrado a que se diriman en sala conflictos clásicos de este tipo de contratos, para que lo revise bien antes de firmarlo.

Enlace a la noticia - http://cepymenews.es/que-derechos-tiene-el-agente-comercial-cuando-termina-el-contrato/

 
 

lunes, 2 de mayo de 2016 16:11

En la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS), y en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, que aprueba un nuevo Reglamento del IS, se regula el nuevo régimen de consolidación fiscal. La nueva LIS ha introducido importantes cambios en materia del régimen de consolidación bajo el cual, pueden tributar determinados grupos de sociedades, constituyéndose en "grupo fiscal".

Es importante analizar la situación del grupo fiscal y determinar los efectos que estos cambios tienen en cada caso concreto, pues de ello puede depender la conveniencia de la continuidad en el régimen de consolidación o no. El interés de este régimen está precisamente en la compensación de las bases imponibles negativas (pérdidas) del grupo fiscal  procedentes de períodos anteriores y en otras ventajas que se deben analizar.

El régimen de consolidación fiscal regulado en la Ley y Reglamento del nuevo Impuesto sobre Sociedades (IS), es uno de los regímenes especiales al que tienen acceso de forma voluntaria (se trata de un régimen opcional) los grupos fiscales, es decir, los grupos de entidades que cumplan los requisitos establecidos. La aplicación de este régimen especial implica la ausencia de tributación en el régimen individual del IS de las entidades incluidas en el grupo.
Principales novedades: nueva Ley 27/2014 (LIS)

La Nueva LIS mantiene el concepto de la consolidación fiscal como el resultado del sumatorio de las bases imponibles individuales de las entidades residentes en España, ajustado por las eliminaciones que corresponden por las operaciones intragrupo, aunque incorpora muchas novedades en cuanto a la consideración del perímetro del grupo atendiendo a las directrices de la Unión Europea y de la determinación de los ajustes en la base imponible y de los gastos deducibles bajo el prisma del grupo fiscal como un único contribuyente.

La LIS contempla la regulación del régimen especial de consolidación fiscal en el Capítulo VI del Título VII, artículos 55 a 75. Por otra parte, el artículo 47 del RIS, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 30 de julio, establece determinadas obligaciones sobre la aplicación y obligaciones de información de las sociedades acogidas al régimen de consolidación fiscal.

Conviene también hacer mención a la normativa reguladora de los grupos de sociedades en el ámbito mercantil, que se halla contenida en los artículos 42 a 49 del CCo, y especialmente en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas (NOFCAC).

El régimen de consolidación fiscal se configura como un régimen tributario especial de aplicación voluntaria

Podemos destacar las siguientes novedades respecto al Régimen de consolidación fiscal regulado anteriormente por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (vigente hasta el 1 de enero de 2015):

    Perímetro de consolidación: abarcará todas las sociedades españolas sobre las que se tenga una participación de, al menos, el 75% y a los establecimientos permanentes en España de las entidades no residentes del grupo. Se exige que la dominante posea también la mayoría de los derechos de voto en las entidades incluidas en el perímetro y se permite incluir en el grupo a entidades residentes dominadas indirectamente a través de no residentes o a las “hermanas” residentes y filiales de una no residente.

Las entidades que con la nueva norma cumplan las condiciones para formar parte de un grupo y no formaban parte de él antes por no cumplir los requisitos con la norma vigente, se integrarán en el primer período impositivo iniciado a partir de 01-01-2015, si optan y comunican antes de que termine el período impositivo.

Hay que tener en cuenta, como veremos más adelante, que el nuevo RIS adapta en su artículo 47 las obligaciones formales relativas al régimen de consolidación fiscal a la nueva delimitación del perímetro de consolidación.

    Si bien en el TRLIS la representante del grupo es siempre la entidad dominante, ahora con la Ley 27/2014 se prevé, en el caso de grupo de filiales de una entidad no residente, que la representante sea una de las entidades residentes del grupo. Por ello, en estos casos se prevé que, en lugar de la dominante, sea esa entidad representante la que tenga que comunicar el acuerdo de la dominante no residente.

    Se prevé que la integración de un grupo fiscal en otro no extinga aquel, para que la fiscalidad no condicione la reestructuración.

    Se dan reglas para regular el caso en que la dominante de un grupo pase a ser dependiente o sea absorbida en operación de fusión acogida al régimen de reestructuración y que por ello todas las entidades del grupo pasen a integrarse en otro. Estos efectos se producirán cuando la dominante de un grupo pase a ser dependiente de otra en el primer período impositivo que se inicie a partir de 01-01-2015. También, cuando se integren dos o más grupos fiscales por ser las dominantes filiales de una no residente, los efectos se desplegarán en el primer ejercicio iniciado a partir de 01-01-2015.

    Para no fragmentar los grupos de entidades bancarias, cuyas sociedades con esta actividad pasarán a tributar a un 30%, en lugar de al 25%, se permite, si optan a ello, formar parte del grupo a las sociedades que tributan a tipo general, tributando el grupo entero al 30%.

    Ya no tendrán que salir del grupo las entidades que, al cierre del ejercicio, hayan sido declaradas en concurso de acreedores.

    Para determinar la base imponible, en lugar de hacerlo como con en el TRLIS, sumando las bases individuales, en 2015 y siguientes los ajustes e incentivos en base, como las reservas de capitalización y de nivelación, se aplicarán a nivel de grupo.

    Las dotaciones a las nuevas reservas de capitalización y de nivelación reducen (y en el segundo caso también incrementan) la base del grupo, si bien las dotaciones a las reservas puede hacerla cualquier entidad del grupo.

    Se establecen normas especiales en caso de incorporación de entidades al grupo, aplicándose estas nuevas reglas para las que se produzcan a partir de 20-06-2014.

Aplicación y obligaciones de información de las entidades acogidas al régimen de consolidación fiscal

Como hemos visto, la nueva Ley del IS ha modificado sustancialmente el régimen especial de consolidación fiscal. En este sentido, se modificó el perímetro de consolidación para adaptar la normativa al criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Concretamente, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del IS, el perímetro de consolidación fiscal permite integrar sociedades dependientes residentes en territorio español, respecto de las cuales la sociedad dominante del grupo tiene la participación mínima requerida a través de sociedades interpuestas no residentes. Asimismo, se posibilita la aplicación del régimen por parte de sociedades dependientes residentes que son participadas de forma directa o indirecta por una sociedad matriz no residente.

Con efectos para los ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, como consecuencia del nuevo perímetro de consolidación, podrán formarse grupos fiscales que tengan sociedades dominantes no residentes en territorio español. La nueva LIS prevé que dicha entidad dominante deberá designar entre las sociedades dependientes una entidad que represente el grupo fiscal.

Así pues, el nuevo RIS adapta en su artículo 47 las obligaciones formales relativas al régimen de consolidación fiscal a la nueva delimitación del perímetro de consolidación.

En primer lugar, en relación con el ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal se sustituye la comunicación a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la sociedad dominante o a las Dependencias Regionales de Inspección o a la Oficina Nacional de Inspección cuando la sociedad dominante se halle adscrita a ellas, por la comunicación a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad representante o a las Dependencias Regionales de Inspección o a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes cuando la entidad representante se halle adscrita a ellas.

Por tanto, si la entidad dominante es una entidad no residente se debería dirigir la comunicación de acogimiento al régimen de consolidación al correspondiente órgano administrativo de la entidad representante del grupo.

En aquellos supuestos en los que la entidad dominante es residente en territorio español la misma tendrá la consideración de entidad representante del grupo fiscal, tal y como establece el artículo 56.2 de la LIS.

En segundo lugar, también se ha adaptado el contenido de la comunicación, de forma que, además, de la identificación de las sociedades integrantes del grupo fiscal, en el caso de que la entidad dominante sea no residente en territorio español se exigirá, como novedad, la identificación de la misma en la comunicación.

Asimismo, el artículo 47 del nuevo RIS establece que, además de identificar a las sociedades que forman parte del grupo, en el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español, debe identificarse la entidad no residente en territorio español a la que pertenece. A estos efectos, cabe mencionar que la anterior redacción exigía la identificación de la entidad no residente solamente en aquellos supuestos en los que el establecimiento permanente fuese la entidad dominante del grupo.

La comunicación también deberá contener copia de los acuerdos por los que las entidades del grupo han optado por la aplicación del régimen. Como novedad, derivada del nuevo perímetro de consolidación, se requiere que en el caso de que la entidad dominante sea no residente en territorio español se incluya en la comunicación el documento en el que se designe a la entidad representante.

Respecto al detalle de los porcentajes de participación directo o indirecto de la entidad dominante en las entidades que integran el grupo fiscal, y con motivo de la modificación introducida por la nueva Ley del IS relativa a la exigencia de que la entidad dominante también posea la mayoría de los derechos de voto en las dependientes durante todo el periodo impositivo, se incluye en el contenido de la comunicación de acogimiento al régimen el detalle del porcentaje de los derechos de voto que la entidad dominante posee en las dependientes.

Asimismo, el nuevo RIS modifica la referencia a la entidad dominante por la entidad representante del grupo respecto la manifestación que debe realizarse en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 58 de la Ley del Impuesto. Del mismo modo, se establece que el destinatario de la comunicación del número del grupo fiscal será la entidad representante, en lugar de la dominante.

Por último, el artículo 47 del nuevo RIS establece que será competente para la comprobación e investigación de las entidades integradas en los grupos que tributen en el régimen de consolidación fiscal el órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de estructura orgánica.
Régimen transitorio

Las novedades de la nueva LIS en relación con el perímetro del grupo exigen incorporar un régimen transitorio que regule la nueva situación de los grupos que ya tributaban bajo este régimen bajo el TRLIS. Así:

a) Las entidades que, hasta el momento, vinieran aplicando ya el régimen de consolidación fiscal continuarán aplicando el mismo de acuerdo con la nueva normativa.

b) Aquellas entidades que, de acuerdo con la nueva normativa, pasen a cumplir los requisitos para integrarse en un grupo fiscal ya existente, pasarán a formar parte del mismo en el primer periodo impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2015 (debiéndose dar cumplimiento a los requisitos de opción y comunicación del acogimiento al régimen especial durante el referido periodo).

No obstante, no se extinguirá el grupo fiscal cuando la entidad dominante del mismo en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, se convierta en dependiente de una entidad no residente en territorio español en el primer período impositivo que se inicie a partir de dicha fecha, salvo que dicho grupo fiscal se integre en otro ya existente. En este último caso, la integración no conllevará los efectos generales de la extinción de un grupo fiscal, prevaleciendo el carácter económico de este tipo de operaciones, de manera que la fiscalidad permanecerá neutral.

c) Las entidades que cumplan por primera vez las condiciones para formar un grupo de consolidación fiscal, sin que formaran parte del mismo con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley por no cumplir los requisitos necesarios para ello, podrán optar por la aplicación del régimen de consolidación fiscal en el primer período impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2015, siempre que la opción y comunicación se realice antes de la finalización de dicho período impositivo.

d) En el caso de integración de dos o más grupos fiscales previamente existentes, dicha integración y, en su caso, la incorporación de otras entidades en el grupo fiscal, se podrá realizar en el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2016.

En este caso, aquellos podrán seguir aplicando el régimen de consolidación fiscal en los períodos impositivos que se inicien en el año 2015 con la misma composición existente a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de incorporación y exclusión de entidades de un grupo de consolidación fiscal o la extinción del mismo.

e) Las eliminaciones practicadas en un grupo fiscal en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015 procedentes de la transmisión de participaciones en entidades pendientes de incorporar a la entrada en vigor de la nueva LIS, se incorporarán de acuerdo con lo establecido en la nueva LIS y les resultará de aplicación su régimen de exención.

f) Por último, con entrada en vigor al día siguiente de la publicación de la nueva LIS en el BOE y efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, cuando una Caja de Ahorros o una fundación bancaria pierda la condición de sociedad dominante de un grupo fiscal en un período impositivo, la entidad de crédito se subrogará en dicha condición desde el inicio del mismo, sin que se produzcan los efectos de la extinción del grupo fiscal, salvo para aquellas entidades que dejen de formar parte del grupo por no tener la condición de dependientes.
¿Cuál es su principal ventaja?

El régimen de consolidación fiscal supone que las distintas sociedades que lo integran se consideren a efectos del Impuesto sobre Sociedades como un sujeto pasivo único, tributando el grupo por la suma de bases imponibles de todas las sociedades que lo integran, permitiendo compensar de forma automática los beneficios y pérdidas obtenidas por las distintas sociedades del grupo.
Definición de grupo de empresas o grupos fiscales

Para que un grupo de empresas pueda acogerse al régimen de consolidación fiscal es preciso que exista una empresa dominante y otras dependientes participadas directa o indirectamente en al menos un 75% (un 70% en caso de empresas cotizadas). Además, hasta 2014 se debían cumplir estos dos requisitos:

    La sociedad dominante debía ser una sociedad establecida en España y que perteneciese al grupo fiscal.

    No podían formar parte del grupo las sociedades dependientes cuya participación indirecta por parte de la sociedad dominante se alcanzaba a través de sociedades intermedias que no estaban dentro del grupo (ya fuese por ser extranjeras, por estar en concurso o por darse algún otro requisito que se lo impidiese).

¿Cómo se aplica el régimen?

Aunque la aplicación de este régimen es voluntaria, una vez acordado este extremo es suficiente que así lo acuerden todas y cada una de las entidades del grupo fiscal, cuestión que afectaría también las de nueva incorporación. Los acuerdos, cuya ausencia determina la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal:

    deben adoptarse por el consejo de administración (para períodos impositivos iniciados antes del 1-1-2015, por la junta general de accionistas), o cualquier otro órgano equivalente si la entidad no tiene forma mercantil;

    han de ser tomados en cualquier fecha dentro del período impositivo inmediato anterior al que sea de aplicación este régimen de tributación. En períodos impositivos iniciados antes del 1-1-2015 se indicaba que surtían efectos en la medida en que no hubieran sido impugnados o no fueran susceptibles de impugnación.

Estos mismos requisitos deben ser cumplidos por las nuevas entidades que se vayan incorporando en años sucesivos.

Atención. La representante está obligada a la comunicación de dichos acuerdos a la Delegación de la AEAT correspondiente a su domicilio fiscal, o bien a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a las Dependencias Regionales de Inspección, a la que esté adscrita, con anterioridad al inicio del período impositivo en que sea de aplicación el régimen, esto es, dentro del mismo período impositivo en que se hayan adoptado los acuerdos.

La comunicación debe contener los datos siguientes:

    identificación de todas las entidades que integran el grupo; los establecimientos permanentes que tengan la condición de dominante deben identificar también a la entidad no residente a la que pertenecen;

    copia de los acuerdos por los que las entidades que forman el grupo han optado por tributar por el régimen de consolidación;

    detalle del porcentaje de participación y derechos de voto que la dominante ostenta sobre todas y cada una de las dependientes integrantes del grupo, indicando si la participación es directa o indirecta, así como la fecha de adquisición de esas participaciones;

    manifestación de que se cumplen todos los requisitos para formar grupo fiscal, tanto respecto de la dominante como de todas las entidades dependientes.

Igualmente la representante está obligada a comunicar a la Administración tributaria las variaciones en la composición del grupo fiscal, debiendo identificar las entidades que se han integrado en el grupo y las que han sido excluidas del mismo, lo cual se realiza en la declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición, sin que sea necesario adjuntar los correspondientes acuerdos de inclusión en el grupo fiscal.
¿Y si la nueva sociedad no acepta su inclusión en el grupo de consolidación fiscal?

La falta de inclusión de alguna sociedad en el grupo fiscal, comporta situaciones de responsabilidad que pueden manifestarse en el régimen de consolidación fiscal, y estas situaciones de responsabilidad  derivan tanto del pago de la deuda tributaria del propio grupo, contribuyente del IS, como de las infracciones tributarias cometidas en la aplicación de este régimen tributario.

En el régimen de declaración consolidada la sociedad dominante es el sujeto infractor  aunque en este régimen el contribuyente sea el grupo de sociedades y no su sociedad dominante. No obstante, para los períodos impositivos iniciados desde el 1-1-2015, si la dominante no es residente en territorio español, el sujeto infractor debe ser la entidad residente representante del grupo fiscal.

La normativa del IS dispone que las sociedades del grupo responden solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las sanciones. En todo caso, la derivación de responsabilidad por las sanciones sólo alcanza a aquellas sociedades del grupo en las que concurra culpabilidad en la realización del acto ilícito sancionable.
¿Sale beneficioso actuar en Grupo o de forma individual?

La base imponible del grupo consolidado no se determina a partir del resultado contable consolidado del grupo, sino de las bases imponibles de las entidades que lo integran, determinadas según el régimen de tributación individual.

A partir de aquí, la base imponible del grupo se calcula sumando  los siguientes conceptos:

a) Las bases imponibles individuales  correspondientes a todas y cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal teniendo en cuenta, sin incluir la compensación de bases imponibles negativas individuales generadas en ejercicios en los que se tributó por el régimen de consolidación, ya que las mismas habrán sido compensadas por el grupo con bases imponibles positivas de otras entidades del mismo en el período en el que se obtuvieron.

b) Las eliminaciones que procedan.

c) Las incorporaciones de las eliminaciones practicadas en ejercicios anteriores.

d) La reducción correspondiente a la reserva de capitalización, con la particularidad de que la misma se determina a nivel de grupo, aunque la dotación de la reserva la puede realizar cualquiera de las entidades que integran el grupo.

e) Los gastos no deducidos en ejercicios anteriores por dotaciones  de determinados deterioros de créditos y provisiones que han generado activos por impuesto diferido se deducen en el período impositivo que corresponda de acuerdo con los criterios de imputación específicos establecidos, con el límite del 70% (60% en el período impositivo 2016) del importe positivo que resulte de la agregación de todos los conceptos establecidos en las letras anteriores.

f) La compensación de las bases imponibles negativas del grupo fiscal  procedentes de períodos anteriores, cuando el importe de la suma de las letras anteriores (la renta del grupo fiscal) sea positiva, así como de las bases imponibles negativas pendientes de compensar por las entidades en el momento de su inclusión en el grupo.

Asimismo se deben tener en cuenta determinadas reglas especiales aplicables en la incorporación de entidades dependientes al grupo fiscal.

Atención. El interés de este régimen está precisamente en lo descrito en el anterior apartado f) ya que las futuras pérdidas de unas sociedades se compensarán de forma automática con los beneficios de las otras, y su desembolso inmediato por el Impuesto sobre Sociedades será inferior. Sin embargo, debe tenerse presente que esta compensación automática sólo se produce cuando las pérdidas se generan estando ya vigente el régimen de consolidación fiscal. Así, si una compañía tiene pérdidas pendientes de compensar y después se incorpora a un grupo fiscal, dichas pérdidas sólo podrán compensarse, dentro del grupo, con los beneficios que ella misma haya generado.

Por tanto, el régimen de consolidación fiscal, podría ser una buena alternativa, que merece la pensar estudiar en cada caso y descubrir las ventajas que hemos descrito, así como otras, en especial:

1.- Todas las empresas de un mismo grupo tributarían como si se tratase de una sola, compensando pérdidas de unas con beneficios de otras, sin necesidad de esperar a que las sociedades que han generado pérdidas obtengan beneficios, propiciando por tanto un ahorro financiero importante.

2.- Se dejaría de estar obligado a retener en operaciones entre las empresas que forman parte del grupo, siendo este tipo de operaciones cada vez más numerosas y comunes, tales como reparto de dividendos, préstamos entre empresas del grupo, arrendamientos, etc.).

3.- Se deduce la carga financiera de entidades del grupo contra el resultado del grupo o eliminando la los resultados de operaciones intragrupo.

4.- La obligación de documentar las operaciones vinculadas que existe entre empresas de un grupo desaparece cuando se opta por el régimen de consolidación fiscal.

En En los últimos años, España se ha consolidado como un destino atractivo de traslado de residencia para familias latinoamericanas por distintos intereses.

La decisión del traslado de residencia representa relevantes efectos fiscales que deben ser previamente valorados por aquéllas familias con intención de traslado de residencia a España, más aún cuando dichas familias ostentan un patrimonio importante en el extranjero.

MAVENS tiene una gran experiencia en la implementación de estrategias fiscalmente eficientes de la gestión del patrimonio de familias latinoamericanas que han decidido trasladarse a España.

La búsqueda de herramientas eficientes que permitan optimizar dicho traslado ha permitido a Mavens identificar claramente los principales beneficios y oportunidades existentes en el panorama español para el traslado de residencia a través del régimen de impatriación, consiguiendo una protección patrimonial amparada por la normativa europea, eliminando prácticamente la tributación de sus rentas y patrimonio mundiales, y asegurando una sucesión con bajo impacto tributario.

La experiencia con la que cuenta MAVENS en ésta área le ha permitido presentar a distintos clientes una planificación adecuada, adaptada a sus necesidades e intereses, siempre y cuando, el asesoramiento requerido se produzca de forma preliminar al traslado de forma efectiva a España.

A este respecto, se debe tener en cuenta que el asesoramiento procurado por Mavens se ampara única y exclusivamente en la normativa fiscal española, siendo incluso posible solicitar una consulta fiscal vinculante a las autoridades fiscales españolas.

  • El régimen de impatriación español

Los mayores beneficiarios de la aplicación del régimen de impatriación como alternativa fiscalmente eficiente para el traslado de residencia fiscal a España son personas físicas con participación en negocios o empresas familiares, no residentes en España, con las siguientes características:

  • Disponen de un patrimonio sustancial y rentas (utilidades o dividendos) superiores a 300.000 dólares/año.
  • Tienen el deseo de trasladarse a vivir a un país como España, seguro, en el que existe una gran calidad de vida, con una gran oferta sanitaria y cultural (espectáculos, museos, etc.), la mejor gastronomía, excelentes colegios, universidades y escuelas de negocios.
  • La voluntad de desenvolverse en un ambiente donde existe una gran seguridad jurídica, económica y financiera y beneficiarse de libertad de movimiento de personas, capitales y mercancías a lo largo de toda Europa.
  • Además, residir en España no implica desatender su empresa local en Latinoamérica.
  • Buscan proteger su patrimonio al tiempo de comenzar a planificar futuras sucesiones.
    • ¿Qué representa el régimen de impatriación de forma preliminar a

un traslado de residencia a España?

El régimen representa un mecanismo legal y transparente ante las autoridades fiscales españolas para realizar un traslado de residencia a España sin apenas impacto fiscal.

El trabajo de MAVENS implicará un asesoramiento continuado antes, durante y después del traslado.

  • ¿Qué ventajas ofrece el régimen de impatriación?

Este mecanismo ofrece las ventajas de una adecuada planificación patrimonial que implican la reducción de costes fiscales asociados a los siguientes impuestos:

  • Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas: No se pagarían impuestos por las rentas provenientes del extranjero durante los primeros 6 años. Transcurrido dicho periodo existen opciones para minimizar la tributación una vez se tribute por las rentas mundiales.
  • Obligaciones de Información: No habría que informar de los bienes y derechos en el extranjero durante los primeros 6 años.
  • Impuesto sobre el Patrimonio: No habría obligación de pago.
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: En el plazo de tres años se podría, prácticamente, eliminar el impuesto en las donaciones y sucesiones entre cónyuges o entre padres e hijos, si el traslado se realiza en determinadas condiciones, lo que es muy interesante para las planificaciones sucesorias.

Asimismo, se debe tener en cuenta que las recientes reformas legislativas (Golden visa) han favorecido la adquisición de la residencia legal española a inversores, a personal altamente cualificado y también a emprendedores. La residencia se obtiene en un plazo razonablemente rápido y se extiende también al resto de la familia.

  • ¿Qué ocurre con el negocio y el patrimonio actual?

El empresario seguirá manteniendo el contacto con los negocios fuera de España, siendo aconsejable mantener a sus actuales asesores legales y financieros. Colaboraremos activamente con ellos para preservar el valor de todas las inversiones.

En resumidas cuentas, el régimen de impatriación se constituye como una herramienta eficiente desde un punto de vista fiscal si se busca el traslado fiscal a España. MAVENS tiene una gran experiencia en el área de asesoramiento y gestión patrimonial de familias nacionales y extranjeras y le guiará en todas aquéllas acciones necesarias para alcanzar una eficiencia fiscal en el traslado.

A la fecha, muchos sabemos ya que las sociedades panameñas offshore están sufriendo fuertes críticas con motivo de las ventajas fiscales aparejadas a su utilización en estructuras de inversión internacional. Aunque las ventajas que ofrece la legislación panameña a las sociedades offshore responden, per se, al régimen de tributación territorial aplicado en dicho país, lo cierto es que la utilización de esta jurisdicción como estrategia de optimización fiscal está en el foco de atención y crítica mundial a raíz de la filtración de los ahora conocidos “papeles de Panamá”. El desprestigio reputacional que están sufriendo las sociedades panameñas offshore se extiende a un desprestigio e inseguridad para la cartera de un inversor medio desde una perspectiva económica, financiera, patrimonial y empresarial.

Hasta ahora, Panamá era utilizada en las transacciones internacionales básicamente por cuatro razones: (i) su tributación de carácter territorial, pues solo tributan las rentas de origen panameño, no existiendo tributación en las rentas generadas fuera de Panamá; (ii) por el anonimato de los socios o titulares últimos de las participaciones (protección patrimonial); (iii) porque era una estructura que estaba consolidada en el mercado (larga tradición); y (iv) por el bajo coste de mantenimiento de la estructura, ya que aquellas sociedades que sólo eran titulares de bienes o negocios fuera de Panamá, ni siquiera están obligadas a llevar una contabilidad, ni presentar impuestos, etc.

Analicemos a continuación estas razones, mediante la comparación con el régimen de “Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros”- ETVE – aplicable en España.

El régimen de ETVE no es un régimen de tributación territorial como tal, pero su aplicación permite una exención sobre las rentas derivadas de dividendos y ganancias patrimoniales obtenidas en las ventas de la participación en filiales, tanto nacionales como internaciones, así como de los dividendos y ganancias patrimoniales derivadas de la propia ETVE cuando el inversor es extranjero y no residente en un paraíso fiscal. Por lo tanto, si la actividad de la sociedad inversora es la gestión y administración de participaciones que cumplan determinados requisitos, el resultado es la no tributación de la ETVE por aplicación de una exención, entendida como mecanismo para evitar la doble imposición.

Respecto del anonimato de los socios, éste ha desaparecido en Panamá desde el 1 de enero de 2016. En España, el Registro Mercantil no necesita hacer constar los partícipes o accionistas de la sociedad, pero sí son conocidos por la Hacienda española (donde no existe publicidad de datos a terceros).

Respecto a la larga tradición de crear sociedades en Panamá, la aparición de los famosos “Papeles de Panamá” ha atraído la atención de las autoridades fiscales nacionales, y perjudicado reputacionalmente a los negocios legítimos llevados a través de entidades panameñas. Por el contrario, la ETVE española disfruta de inmejorable reputación en el mercado, además de una seguridad jurídica sólida, siendo el puente a las inversiones internacionales tanto hacia Latinoamérica como Europa, Asia, etc.

Por último, en cuanto al coste de mantenimiento, la realidad es que, frente al insignificante coste de las estructuras panameñas, la Unión Europea no puede competir. La estructura ETVE requiere la llevanza de una mínima contabilidad, presentación periódica de impuestos y depósito de cuentas. No obstante, la certidumbre del régimen de la ETVE compensa estas desventajas, especialmente si se obtiene un tax ruling (consulta vinculante de la Hacienda española). En cualquier caso, los costes de esta estructura en España son muy competitivos, los servicios excelentes y seguros, y la reputación internacional está intacta.

En este punto, no nos queda más que lanzar las siguientes preguntas que actualmente un inversor con participaciones en una sociedad gestora offshore panameña debe hacerse: ¿merece la pena mantener una inversión en un contexto como el de Panamá? ¿No resulta más conveniente invertir en una jurisdicción con un gran valor reputacional y con seguridad jurídica suficiente como para disfrutar de los beneficios fiscales existentes?

Es fundamental plantearse estas preguntas y, en la búsqueda de alternativas seguras y eficientes, la ETVE puede ser precisamente una buena respuesta.

Enlace a la noticia - http://cepymenews.es/los-papeles-de-panama-es-panama-una-jurisdiccion-adecuada-para-mantener-tus-inversiones-espana-como-alternativa-fiscalmente-eficiente/

La jurisprudencia reciente parece abrir una vía para recuperar las cuotas pagadas en concepto de plusvalía municipal en aquellos supuestos en los que, al transmitir un inmueble de naturaleza urbana, se haya producido una pérdida o simplemente no se haya producido una plusvalía.

La plusvalía municipal, técnicamente “Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana” (IIVTNU), es “un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (compra-venta, donación, sucesión etc.) o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.”. Este impuesto es gestionado por los ayuntamientos y su aplicación está regulada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ley señala que para determinar el incremento de valor (o base imponible) se tiene en cuenta el valor del terreno en el momento de transmisión -entendido comosu valor catastral-, el número de años entre transmisiones, y un porcentaje fijado por cada municipio.

La determinación de la base imponible en este impuesto se encuentra diseñada de forma que siempre exista base imponible positiva, por cuanto se basa en la idea de que el precio de los terrenos urbanos aumenta año tras año y de forma permanente, dando por supuesto que cualquier transmisión pone de manifiesto la plusvalía, y que ésta aumenta en función del número de años de titularidad del bien. La forma de determinar la base imposible no prevé, por tanto, la posibilidad de que puedan existir minusvalías, es decir, que no existan plusvalías ni, en consecuencia, incrementos de valor en los terrenos objeto de transmisión.

Ahora bien, como es sabido por todos, desde el 2007 hemos vivido una profunda crisis económica, especialmente en el sector inmobiliario, que con carácter general ha provocado un importante descenso en el valor de los bienes inmuebles.

En este escenario, entendemos que en las transmisiones de inmuebles por precio o valor inferior al de adquisición,debe reconocerse la ausencia del hecho imponible del IIVTNU, y la inexistencia de una base imponible positiva, lo que conduce, en consecuencia, a la ausencia de obligación tributaria por ese impuesto.

A esta misma conclusión han llegado,en más de una ocasión,el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia comolos de Navarra o Cataluña o, más recientemente, el Juzgado de lo contencioso-administrativonúmero 4 de Alicante, al excluir de gravamen del IIVTNU aquellos supuestos en los que no se ha producido un incremento del valor del suelo urbano entre la adquisición y posterior transmisión del inmueble.

Lo anterior viene refrendado por la admisión a trámite de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad en relación conalgunos de los artículos de la Ley que regula el Impuesto. La última que nos consta es la planteada por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 22 de Madrid, publicada en el BOE el pasado 8 de marzo de 2016. 

En consecuencia, los tribunales de justicia estiman que en estos supuestos no se ha devengado el impuesto en cuestión, y que la exigencia automática del Impuesto en casos en los que no ha habido incremento de valor alguno, atentaría contra los principios de equidad y capacidad económica que informan e inspiran nuestro sistema tributario y que están recogidos en la Constitución.

En conclusión, siempre que, efectivamente, la transmisión del inmueble urbano no haya dado lugar a una plusvalía, existe una vía para recuperar el Impuesto pagado y no prescrito,a través de los oportunos procedimientos tributarios de revisión. También será posible impugnarlas liquidaciones o autoliquidaciones del tributo que se emitan a partir de ahora.

Enlace a la noticia - http://cepymenews.es/perdidas-en-la-transmision-de-un-inmueble-recupera-la-plusvalia-municipal/

En el último año son muchas las sentencias que han estimado las demandas interpuestas contra los bancos con motivo de la suscripción de hipotecas con mecanismo multidivisa o cláusula suelo por no superar el control de transparencia y por error en el consentimiento prestado por los clientes.

Conforme a la doctrina reciente del Tribunal Supremo, en relación con la cláusula suelo en un préstamo hipotecario, una cláusula sólo será transparente si facilita aquella información relevante para comprender los efectos y desarrollo razonable del contrato.

Según nuestro Alto Tribunal, las condiciones generales de los contratos con consumidores deben someterse al doble control de (i) incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical y al requisito de que las cláusulas se redacten de forma clara, comprensible y con caracteres tipográficos legibles que posibiliten un conocimiento real de su contenido; y (ii) transparencia propiamente dicho, que garantiza el equilibrio subjetivo entre el precio y la prestación, y en virtud del cual el usuario debe poder percibir la carga jurídica y económica que comporta el contrato.

Pero, ¿qué pasa cuando el contrato ha sido concertado por una empresa?

En los contratos suscritos por empresas, aunque no resulte de aplicación la normativa protectora de los derechos de consumidores y usuarios, sí es aplicable la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que exige que las cláusulas generales se ajusten a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Es por ello que algunas sentencias han declarado la nulidad de las cláusulas suelo insertas en préstamos firmados por Pymes (Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, de 28 de enero de 2015 y de la Audiencia Provincial de Soria, de 18 de febrero de 2016, por ejemplo). Otras resoluciones llegaron incluso a equiparar las sociedades mercantiles con los consumidores para decretar el carácter abusivo de la cláusula suelo incorporada a un préstamo (Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, de 21 de marzo de 2014). También existen, no obstante, pronunciamientos que han rechazado la aplicación de los criterios de transparencia en los contratos bancarios con Pymes (Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 24 de julio de 2014).

Con todo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016 ha aclarado la debatida cuestión al establecer que el control de transparencia propiamente dicho está reservado a los consumidores y, por tanto, esa especial protección no puede ofrecerse a las empresas.

La sentencia cuenta, sin embargo, con el voto particular del magistrado Javier Orduña Moreno, que demanda una aplicación del control de transparencia a los contratos celebrados entre los bancos y los pequeños y medianos empresarios que "en la práctica, actúan como meros adherentes en la contratación". A su entender, el control de transparencia debería emplearse como un principio jurídico al que todos los jueces pudieran recurrir.

Entretanto, los contratos entre empresas y bancos, cuando éstas actúen dentro de su ámbito empresarial o profesional, deberán impugnarse con apoyo en el Código Civil y con base en el error en el consentimiento e infracciones legales y contractuales cometidas por la entidad bancaria derivadas, principalmente, de la falta de información.

El 1 de julio de 2015 entró en vigor la nueva reforma del Código Penal que ha endurecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta reforma prevé que las empresas que cuenten con sistemas de prevención de delitos puedan eximir la responsabilidad penal. Y no sólo las de mayor tamaño. También las pymes. Unas y otras pueden ser penalmente responsables en caso de que se hayan cometido delitos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio, de ahí la importancia de contar con un programa de cumplimiento eficaz e idóneo.

En este sentido, la Circular de la Fiscalía 1/2016 ya ha apuntado que el legislador ha diseñado estos programas pensando fundamentalmente en la mediana y gran empresa. Por lo tanto, esta exigencia puede resultar excesiva para las pequeñas organizaciones. No obstante, como éstas tienen también que cumplir la exigencia de adoptar un programa, éste deberá acomodarse a su estructura organizativa, pudiendo desempeñar el órgano de administración las funciones del oficial de cumplimiento.

Asimismo, y tan sólo en lo que va de año, el Tribunal Supremo ya ha tenido la oportunidad de abordar dos veces esta reforma. Casualmente, en los dos supuestos enjuiciados se trataba de pymes. El primer fallo, de 29 de febrero, constituye un hito importante en el Derecho penal y marca las pautas que el Alto Tribunal valorará a lo hora de abordar los programas de cumplimiento. En este caso, el Pleno de la Sala Segunda establece, como presupuesto inicial, que para apreciar la responsabilidad de la empresa, debe constatarse la comisión de un delito por una persona física integrada en la organización. Además, es necesario que la empresa haya incumplido su obligación de establecer un programa de cumplimiento para evitar la comisión de delitos, lo que supondrá que el juez tenga que analizar si el delito cometido por el trabajador ha sido facilitado de algún modo por la ausencia en la empresa de una cultura de respeto al derecho.

El Tribunal Supremo también ha puesto de manifiesto la posibilidad de que exista un conflicto de interés procesal entre la persona física acusada del delito y la persona jurídica que sea representada en el proceso por esa misma persona física, lo que puede ser habitual en las pequeñas y medianas empresas. Téngase en cuenta que esto supondría que el eventual responsable de la infracción, por ejemplo, el administrador, representaría en el proceso a la empresa y podría estar interesado en buscar una rápida conformidad para la empresa procediendo al pago de la indemnización con cargo a ésta, sin colaborar al total esclarecimiento de los hechos o desincentivando a los perjudicados de averiguar quién es el verdadero autor físico del delito. Y todo ello con el único objetivo de ocultar su propia responsabilidad. Esta actuación evidentemente puede conculcar gravemente el derecho de defensa de la empresa.

La segunda sentencia del Tribunal, de 16 de marzo, ha absuelto a una empresa acusada de estafa al considerar que ésta sufrió indefensión. Y es que la responsabilidad de las empresas sólo puede declararse después de un proceso con todas las garantías, las mismas con las que se juzga a una persona física. Además, ha señalado que para que una empresa sea responsable es necesario probar que ésta ha incumplido gravemente su deber de vigilancia y control.

Por todo lo anterior, todas las empresas deben tomar en serio la necesidad de elaborar un programa de cumplimiento claro, eficaz y que esté adaptado a su actividad, estructura organizativa y a sus concretos riesgos.

Son muchas las empresas que contratan agentes comerciales y muchas las empresas que se dedican a ejercer la actividad de agencia comercial en nuestro país. Como esta actividad es muy habitual y suele conllevar bastantes problemas cuando un empresario decide no contar más con su agente, conviene recordar qué derecho tiene éste y qué tipo de indemnización puede reclamar. El contrato de agencia aparece regulado en la Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia.

En primer lugar, cuanto el contrato de un agente termina, ya sea de duración indefinida o determinada, y éste haya aportado con su buen hacer nuevos clientes o haya logrado que las operaciones con la clientela preexistente aumenten considerablemente, el agente tiene derecho a percibir la indemnización por clientela. No obstante, hay que tener en cuenta que si el agente trabajaba para una marca de prestigio, la indemnización podría reducirse. Esto se debe a que los esfuerzos que tiene que realizar el agente son menores por cuanto la marca puede venderse sola ya que los clientes ya la conocen.

La cuantía de la indemnización será fijada en función de diversos factores tales como la existencia de un pacto de prohibición de competencia, de un pacto de exclusividad o los años de duración del contrato. En cualquier caso, la indemnización no es ilimitada, sino que la Ley de Agencia establece un techo al señalar que no podrá ser superior al importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, si fuera inferior a este plazo, durante todo el contrato.

Además, el agente comercial, sea empresa o no, tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados por el empresario al haberle obligado a realizar determinadas inversiones y no haber podido amortizarlas, siempre que se trate de un contrato indefinido. En estos casos, si el empresario decide poner fin al contrato sin motivo alguno, deberá devolver al agente parte de esas inversiones. Esta indemnización se debe al hecho de que cualquier agente con un contrato indefinido va a estar dispuesto a realizar mayores inversiones en su negocio que un agente que sabe que su contrato va a expirar en un año.

Por último, cuando el empresario decide resolver el contrato sin conceder el preaviso al agente comercial, que es de un mes por cada año que ha estado vigente el contrato, con un máximo de seis meses, deberá indemnizarle. Esto es más frecuente de lo que en principio puede parecer ya que el empresario suele temer que al comunicar al agente su decisión de prescindir de él, éste puede no tratar a su clientela con la misma diligencia o incluso el mismo cariño que hasta el momento. Evidentemente, esto puede hacer que los clientes huyan a la competencia. Para evitar este eventual conflicto, el empresario puede valorar la resolución del contrato con el agente para poner inmediatamente a otro en su lugar que se ocupe de lo más importante del negocio: la clientela.

Aunque puede ser habitual que el agente firme contratos de agencia en los que acepta limitaciones a sus eventuales indemnizaciones o incluso renuncia a percibirlas, lo cierto es que cualquier limitación o renuncia se tendrá por no puesta ante un Juzgado. Esto se debe a que las indemnizaciones se prevén en preceptos de la Ley de Agencia, que tienen carácter imperativo, sin que las partes puedan disponer libremente de ellas.

Es fundamental a estos efectos que tanto las empresas como los agentes comerciales cuenten con un abogado procesalista acostumbrado a que se diriman en sala conflictos clásicos de este tipo de contratos, para que lo revise bien antes de firmarlo.

La jurisprudencia reciente parece abrir una vía para recuperar las cuotas pagadas en concepto de plusvalía municipal en aquellos supuestos en los que, al transmitir un inmueble de naturaleza urbana, se haya producido una pérdida o simplemente no se haya producido una plusvalía.

La plusvalía municipal, técnicamente “Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana” (IIVTNU), es “un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (compra-venta, donación, sucesión etc.) o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.”. Este impuesto es gestionado por los ayuntamientos y su aplicación está regulada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ley señala que para determinar el incremento de valor (o base imponible) se tiene en cuenta el valor del terreno en el momento de transmisión -entendido como su valor catastral-, el número de años entre transmisiones, y un porcentaje fijado por cada municipio.

La determinación de la base imponible en este impuesto se encuentra diseñada de forma que siempre exista base imponible positiva, por cuanto se basa en la idea de que el precio de los terrenos urbanos aumenta año tras año y de forma permanente, dando por supuesto que cualquier transmisión pone de manifiesto la plusvalía, y que ésta aumenta en función del número de años de titularidad del bien. La forma de determinar la base imposible no prevé, por tanto, la posibilidad de que puedan existir minusvalías, es decir, que no existan plusvalías ni, en consecuencia, incrementos de valor en los terrenos objeto de transmisión.

Ahora bien, como es sabido por todos, desde el 2007 hemos vivido una profunda crisis económica, especialmente en el sector inmobiliario, que con carácter general ha provocado un importante descenso en el valor de los bienes inmuebles.

En este escenario, entendemos que en las transmisiones de inmuebles por precio o valor inferior al de adquisición, debe reconocerse la ausencia del hecho imponible del IIVTNU, y la inexistencia de una base imponible positiva, lo que conduce, en consecuencia, a la ausencia de obligación tributaria por ese impuesto.

A esta misma conclusión han llegado, en más de una ocasión, el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia como los de Navarra o Cataluña o, más recientemente, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Alicante, al excluir de gravamen del IIVTNU aquellos supuestos en los que no se ha producido un incremento del valor del suelo urbano entre la adquisición y posterior transmisión del inmueble.

Lo anterior viene refrendado por la admisión a trámite de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad en relación con algunos de los artículos de la Ley que regula el Impuesto. La última que nos consta es la planteada por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 22 de Madrid, publicada en el BOE el pasado 8 de marzo de 2016.

En consecuencia, los tribunales de justicia estiman que en estos supuestos no se ha devengado el impuesto en cuestión, y que la exigencia automática del Impuesto en casos en los que no ha habido incremento de valor alguno, atentaría contra los principios de equidad y capacidad económica que informan e inspiran nuestro sistema tributario y que están recogidos en la Constitución.

En conclusión, siempre que, efectivamente, la transmisión del inmueble urbano no haya dado lugar a una plusvalía, existe una vía para recuperar el Impuesto pagado y no prescrito, a través de los oportunos procedimientos tributarios de revisión. También será posible impugnar las liquidaciones o autoliquidaciones del tributo que se emitan a partir de ahora.

A la fecha, muchos sabemos ya que las sociedades panameñas offshore están sufriendo fuertes críticas con motivo de las ventajas fiscales aparejadas a su utilización en estructuras de inversión internacional. Aunque las ventajas que ofrece la legislación panameña a las sociedades offshore responden, per se, al régimen de tributación territorial aplicado en dicho país, lo cierto es que la utilización de esta jurisdicción como estrategia de optimización fiscal está en el foco de atención y crítica mundial a raíz de la filtración de los ahora conocidos “papeles de Panamá”. El desprestigio reputacional que están sufriendo las sociedades panameñas offshore se extiende a un desprestigio e inseguridad para la cartera de un inversor medio desde una perspectiva económica, financiera, patrimonial y empresarial.

Hasta ahora, Panamá era utilizada en las transacciones internacionales básicamente por cuatro razones: (i) su tributación de carácter territorial, pues solo tributan las rentas de origen panameño, no existiendo tributación en las rentas generadas fuera de Panamá; (ii) por el anonimato de los socios o titulares últimos de las participaciones (protección patrimonial); (iii) porque era una estructura que estaba consolidada en el mercado (larga tradición); y (iv) por el bajo coste de mantenimiento de la estructura, ya que aquellas sociedades que sólo eran titulares de bienes o negocios fuera de Panamá, ni siquiera están obligadas a llevar una contabilidad, ni presentar impuestos, etc.

Analicemos a continuación estas razones, mediante la comparación con el régimen de "Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros"- ETVE - aplicable en España.

El régimen de ETVE no es un régimen de tributación territorial como tal, pero su aplicación permite una exención sobre las rentas derivadas de dividendos y ganancias patrimoniales obtenidas en las ventas de la participación en filiales, tanto nacionales como internaciones, así como de los dividendos y ganancias patrimoniales derivadas de la propia ETVE cuando el inversor es extranjero y no residente en un paraíso fiscal. Por lo tanto, si la actividad de la sociedad inversora es la gestión y administración de participaciones que cumplan determinados requisitos, el resultado es la no tributación de la ETVE por aplicación de una exención, entendida como mecanismo para evitar la doble imposición.

Respecto del anonimato de los socios, éste ha desaparecido en Panamá desde el 1 de enero de 2016. En España, el Registro Mercantil no necesita hacer constar los partícipes o accionistas de la sociedad, pero sí son conocidos por la Hacienda española (donde no existe publicidad de datos a terceros).

Respecto a la larga tradición de crear sociedades en Panamá, la aparición de los famosos “Papeles de Panamá” ha atraído la atención de las autoridades fiscales nacionales, y perjudicado reputacionalmente a los negocios legítimos llevados a través de entidades panameñas. Por el contrario, la ETVE española disfruta de inmejorable reputación en el mercado, además de una seguridad jurídica sólida, siendo el puente a las inversiones internacionales tanto hacia Latinoamérica como Europa, Asia, etc.

Por último, en cuanto al coste de mantenimiento, la realidad es que, frente al insignificante coste de las estructuras panameñas, la Unión Europea no puede competir. La estructura ETVE requiere la llevanza de una mínima contabilidad, presentación periódica de impuestos y depósito de cuentas. No obstante, la certidumbre del régimen de la ETVE compensa estas desventajas, especialmente si se obtiene un tax ruling (consulta vinculante de la Hacienda española). En cualquier caso, los costes de esta estructura en España son muy competitivos, los servicios excelentes y seguros, y la reputación internacional está intacta.

En este punto, no nos queda más que lanzar las siguientes preguntas que actualmente un inversor con participaciones en una sociedad gestora offshore panameña debe hacerse: ¿merece la pena mantener una inversión en un contexto como el de Panamá? ¿No resulta más conveniente invertir en una jurisdicción con un gran valor reputacional y con seguridad jurídica suficiente como para disfrutar de los beneficios fiscales existentes?

Es fundamental plantearse estas preguntas y, en la búsqueda de alternativas seguras y eficientes, la ETVE puede ser precisamente una buena respuesta.

Son muchas las empresas que contratan agentes comerciales y muchas las empresas que se dedican a ejercer la actividad de agencia comercial en nuestro país. Como esta actividad es muy habitual y suele conllevar bastantes problemas cuando un empresario decide no contar más con su agente, conviene recordar qué derecho tiene éste y qué tipo de indemnización puede reclamar. El contrato de agencia aparece regulado en la Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia.

En primer lugar, cuanto el contrato de un agente termina, ya sea de duración indefinida o determinada, y éste haya aportado con su buen hacer nuevos clientes o haya logrado que las operaciones con la clientela preexistente aumenten considerablemente, el agente tiene derecho a percibir la indemnización por clientela. No obstante, hay que tener en cuenta que si el agente trabajaba para una marca de prestigio, la indemnización podría reducirse. Esto se debe a que los esfuerzos que tiene que realizar el agente son menores por cuanto la marca puede venderse sola ya que los clientes ya la conocen.

La cuantía de la indemnización será fijada en función de diversos factores tales como la existencia de un pacto de prohibición de competencia, de un pacto de exclusividad o los años de duración del contrato. En cualquier caso, la indemnización no es ilimitada, sino que la Ley de Agencia establece un techo al señalar que no podrá ser superior al importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, si fuera inferior a este plazo, durante todo el contrato.

Además, el agente comercial, sea empresa o no, tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados por el empresario al haberle obligado a realizar determinadas inversiones y no haber podido amortizarlas, siempre que se trate de un contrato indefinido. En estos casos, si el empresario decide poner fin al contrato sin motivo alguno, deberá devolver al agente parte de esas inversiones. Esta indemnización se debe al hecho de que cualquier agente con un contrato indefinido va a estar dispuesto a realizar mayores inversiones en su negocio que un agente que sabe que su contrato va a expirar en un año.

Por último, cuando el empresario decide resolver el contrato sin conceder el preaviso al agente comercial, que es de un mes por cada año que ha estado vigente el contrato, con un máximo de seis meses, deberá indemnizarle. Esto es más frecuente de lo que en principio puede parecer ya que el empresario suele temer que al comunicar al agente su decisión de prescindir de él, éste puede no tratar a su clientela con la misma diligencia o incluso el mismo cariño que hasta el momento. Evidentemente, esto puede hacer que los clientes huyan a la competencia. Para evitar este eventual conflicto, el empresario puede valorar la resolución del contrato con el agente para poner inmediatamente a otro en su lugar que se ocupe de lo más importante del negocio: la clientela.

Aunque puede ser habitual que el agente firme contratos de agencia en los que acepta limitaciones a sus eventuales indemnizaciones o incluso renuncia a percibirlas, lo cierto es que cualquier limitación o renuncia se tendrá por no puesta ante un Juzgado. Esto se debe a que las indemnizaciones se prevén en preceptos de la Ley de Agencia, que tienen carácter imperativo, sin que las partes puedan disponer libremente de ellas.

Es fundamental a estos efectos que tanto las empresas como los agentes comerciales cuenten con un abogado procesalista acostumbrado a que se diriman en sala conflictos clásicos de este tipo de contratos, para que lo revise bien antes de firmarlo.

Enlace a la noticia - http://cepymenews.es/que-derechos-tiene-el-agente-comercial-cuando-termina-el-contrato/


domingo, 22 de mayo de 2016 15:06

El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, afirma que las comunidades autónomas deben tener un déficit público cero. En una entrevista en el diario La Vanguardia, el ministro explica que la Comisión Europea ha dado a España un año extra para el cumplimiento de los objetivos del déficit, en la línea planteada por el Gobierno.

“Sería injusto que a un país como España, que ha hecho un esfuerzo muy importante para reducir el déficit en un contexto difícil, se le sancionara”, señala De Guindos, que añade que “el gasto social crece”. El ministro declara que: “La economía española creció el 0,8% en el primer trimestre. No veo síntomas de desaceleración en el segundo”. “La incertidumbre política no ha llevado a una desaceleración. Otra cosa es si hubiéramos tenido un Gobierno estable, tal vez se podría crecer incluso más”, manifiesta. De Guindos señala que “el presidente del Gobierno ha dicho que su voluntad es bajar los impuestos si se mantiene la recaudación y se cumple con el déficit público”.

Preguntado por las palabras del expresidente del Ejecutivo José María Aznar a favor de acelerar el proceso de consolidación fiscal, De Guindos responde: “Él no se encontró con una crisis bancaria y un deterioro de la competitividad tan importante como los que tuvo que afrontar este Gobierno”. Sobre el futuro de Bankia considera que su fusión con BNM “puede ser razonable, pero este Gobierno no tomará la decisión”.

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