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lunes, 2 de mayo de 2016 16:11

En la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS), y en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, que aprueba un nuevo Reglamento del IS, se regula el nuevo régimen de consolidación fiscal. La nueva LIS ha introducido importantes cambios en materia del régimen de consolidación bajo el cual, pueden tributar determinados grupos de sociedades, constituyéndose en "grupo fiscal".

Es importante analizar la situación del grupo fiscal y determinar los efectos que estos cambios tienen en cada caso concreto, pues de ello puede depender la conveniencia de la continuidad en el régimen de consolidación o no. El interés de este régimen está precisamente en la compensación de las bases imponibles negativas (pérdidas) del grupo fiscal  procedentes de períodos anteriores y en otras ventajas que se deben analizar.

El régimen de consolidación fiscal regulado en la Ley y Reglamento del nuevo Impuesto sobre Sociedades (IS), es uno de los regímenes especiales al que tienen acceso de forma voluntaria (se trata de un régimen opcional) los grupos fiscales, es decir, los grupos de entidades que cumplan los requisitos establecidos. La aplicación de este régimen especial implica la ausencia de tributación en el régimen individual del IS de las entidades incluidas en el grupo.
Principales novedades: nueva Ley 27/2014 (LIS)

La Nueva LIS mantiene el concepto de la consolidación fiscal como el resultado del sumatorio de las bases imponibles individuales de las entidades residentes en España, ajustado por las eliminaciones que corresponden por las operaciones intragrupo, aunque incorpora muchas novedades en cuanto a la consideración del perímetro del grupo atendiendo a las directrices de la Unión Europea y de la determinación de los ajustes en la base imponible y de los gastos deducibles bajo el prisma del grupo fiscal como un único contribuyente.

La LIS contempla la regulación del régimen especial de consolidación fiscal en el Capítulo VI del Título VII, artículos 55 a 75. Por otra parte, el artículo 47 del RIS, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 30 de julio, establece determinadas obligaciones sobre la aplicación y obligaciones de información de las sociedades acogidas al régimen de consolidación fiscal.

Conviene también hacer mención a la normativa reguladora de los grupos de sociedades en el ámbito mercantil, que se halla contenida en los artículos 42 a 49 del CCo, y especialmente en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas (NOFCAC).

El régimen de consolidación fiscal se configura como un régimen tributario especial de aplicación voluntaria

Podemos destacar las siguientes novedades respecto al Régimen de consolidación fiscal regulado anteriormente por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (vigente hasta el 1 de enero de 2015):

    Perímetro de consolidación: abarcará todas las sociedades españolas sobre las que se tenga una participación de, al menos, el 75% y a los establecimientos permanentes en España de las entidades no residentes del grupo. Se exige que la dominante posea también la mayoría de los derechos de voto en las entidades incluidas en el perímetro y se permite incluir en el grupo a entidades residentes dominadas indirectamente a través de no residentes o a las “hermanas” residentes y filiales de una no residente.

Las entidades que con la nueva norma cumplan las condiciones para formar parte de un grupo y no formaban parte de él antes por no cumplir los requisitos con la norma vigente, se integrarán en el primer período impositivo iniciado a partir de 01-01-2015, si optan y comunican antes de que termine el período impositivo.

Hay que tener en cuenta, como veremos más adelante, que el nuevo RIS adapta en su artículo 47 las obligaciones formales relativas al régimen de consolidación fiscal a la nueva delimitación del perímetro de consolidación.

    Si bien en el TRLIS la representante del grupo es siempre la entidad dominante, ahora con la Ley 27/2014 se prevé, en el caso de grupo de filiales de una entidad no residente, que la representante sea una de las entidades residentes del grupo. Por ello, en estos casos se prevé que, en lugar de la dominante, sea esa entidad representante la que tenga que comunicar el acuerdo de la dominante no residente.

    Se prevé que la integración de un grupo fiscal en otro no extinga aquel, para que la fiscalidad no condicione la reestructuración.

    Se dan reglas para regular el caso en que la dominante de un grupo pase a ser dependiente o sea absorbida en operación de fusión acogida al régimen de reestructuración y que por ello todas las entidades del grupo pasen a integrarse en otro. Estos efectos se producirán cuando la dominante de un grupo pase a ser dependiente de otra en el primer período impositivo que se inicie a partir de 01-01-2015. También, cuando se integren dos o más grupos fiscales por ser las dominantes filiales de una no residente, los efectos se desplegarán en el primer ejercicio iniciado a partir de 01-01-2015.

    Para no fragmentar los grupos de entidades bancarias, cuyas sociedades con esta actividad pasarán a tributar a un 30%, en lugar de al 25%, se permite, si optan a ello, formar parte del grupo a las sociedades que tributan a tipo general, tributando el grupo entero al 30%.

    Ya no tendrán que salir del grupo las entidades que, al cierre del ejercicio, hayan sido declaradas en concurso de acreedores.

    Para determinar la base imponible, en lugar de hacerlo como con en el TRLIS, sumando las bases individuales, en 2015 y siguientes los ajustes e incentivos en base, como las reservas de capitalización y de nivelación, se aplicarán a nivel de grupo.

    Las dotaciones a las nuevas reservas de capitalización y de nivelación reducen (y en el segundo caso también incrementan) la base del grupo, si bien las dotaciones a las reservas puede hacerla cualquier entidad del grupo.

    Se establecen normas especiales en caso de incorporación de entidades al grupo, aplicándose estas nuevas reglas para las que se produzcan a partir de 20-06-2014.

Aplicación y obligaciones de información de las entidades acogidas al régimen de consolidación fiscal

Como hemos visto, la nueva Ley del IS ha modificado sustancialmente el régimen especial de consolidación fiscal. En este sentido, se modificó el perímetro de consolidación para adaptar la normativa al criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Concretamente, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del IS, el perímetro de consolidación fiscal permite integrar sociedades dependientes residentes en territorio español, respecto de las cuales la sociedad dominante del grupo tiene la participación mínima requerida a través de sociedades interpuestas no residentes. Asimismo, se posibilita la aplicación del régimen por parte de sociedades dependientes residentes que son participadas de forma directa o indirecta por una sociedad matriz no residente.

Con efectos para los ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, como consecuencia del nuevo perímetro de consolidación, podrán formarse grupos fiscales que tengan sociedades dominantes no residentes en territorio español. La nueva LIS prevé que dicha entidad dominante deberá designar entre las sociedades dependientes una entidad que represente el grupo fiscal.

Así pues, el nuevo RIS adapta en su artículo 47 las obligaciones formales relativas al régimen de consolidación fiscal a la nueva delimitación del perímetro de consolidación.

En primer lugar, en relación con el ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal se sustituye la comunicación a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la sociedad dominante o a las Dependencias Regionales de Inspección o a la Oficina Nacional de Inspección cuando la sociedad dominante se halle adscrita a ellas, por la comunicación a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad representante o a las Dependencias Regionales de Inspección o a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes cuando la entidad representante se halle adscrita a ellas.

Por tanto, si la entidad dominante es una entidad no residente se debería dirigir la comunicación de acogimiento al régimen de consolidación al correspondiente órgano administrativo de la entidad representante del grupo.

En aquellos supuestos en los que la entidad dominante es residente en territorio español la misma tendrá la consideración de entidad representante del grupo fiscal, tal y como establece el artículo 56.2 de la LIS.

En segundo lugar, también se ha adaptado el contenido de la comunicación, de forma que, además, de la identificación de las sociedades integrantes del grupo fiscal, en el caso de que la entidad dominante sea no residente en territorio español se exigirá, como novedad, la identificación de la misma en la comunicación.

Asimismo, el artículo 47 del nuevo RIS establece que, además de identificar a las sociedades que forman parte del grupo, en el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español, debe identificarse la entidad no residente en territorio español a la que pertenece. A estos efectos, cabe mencionar que la anterior redacción exigía la identificación de la entidad no residente solamente en aquellos supuestos en los que el establecimiento permanente fuese la entidad dominante del grupo.

La comunicación también deberá contener copia de los acuerdos por los que las entidades del grupo han optado por la aplicación del régimen. Como novedad, derivada del nuevo perímetro de consolidación, se requiere que en el caso de que la entidad dominante sea no residente en territorio español se incluya en la comunicación el documento en el que se designe a la entidad representante.

Respecto al detalle de los porcentajes de participación directo o indirecto de la entidad dominante en las entidades que integran el grupo fiscal, y con motivo de la modificación introducida por la nueva Ley del IS relativa a la exigencia de que la entidad dominante también posea la mayoría de los derechos de voto en las dependientes durante todo el periodo impositivo, se incluye en el contenido de la comunicación de acogimiento al régimen el detalle del porcentaje de los derechos de voto que la entidad dominante posee en las dependientes.

Asimismo, el nuevo RIS modifica la referencia a la entidad dominante por la entidad representante del grupo respecto la manifestación que debe realizarse en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 58 de la Ley del Impuesto. Del mismo modo, se establece que el destinatario de la comunicación del número del grupo fiscal será la entidad representante, en lugar de la dominante.

Por último, el artículo 47 del nuevo RIS establece que será competente para la comprobación e investigación de las entidades integradas en los grupos que tributen en el régimen de consolidación fiscal el órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de estructura orgánica.
Régimen transitorio

Las novedades de la nueva LIS en relación con el perímetro del grupo exigen incorporar un régimen transitorio que regule la nueva situación de los grupos que ya tributaban bajo este régimen bajo el TRLIS. Así:

a) Las entidades que, hasta el momento, vinieran aplicando ya el régimen de consolidación fiscal continuarán aplicando el mismo de acuerdo con la nueva normativa.

b) Aquellas entidades que, de acuerdo con la nueva normativa, pasen a cumplir los requisitos para integrarse en un grupo fiscal ya existente, pasarán a formar parte del mismo en el primer periodo impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2015 (debiéndose dar cumplimiento a los requisitos de opción y comunicación del acogimiento al régimen especial durante el referido periodo).

No obstante, no se extinguirá el grupo fiscal cuando la entidad dominante del mismo en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, se convierta en dependiente de una entidad no residente en territorio español en el primer período impositivo que se inicie a partir de dicha fecha, salvo que dicho grupo fiscal se integre en otro ya existente. En este último caso, la integración no conllevará los efectos generales de la extinción de un grupo fiscal, prevaleciendo el carácter económico de este tipo de operaciones, de manera que la fiscalidad permanecerá neutral.

c) Las entidades que cumplan por primera vez las condiciones para formar un grupo de consolidación fiscal, sin que formaran parte del mismo con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley por no cumplir los requisitos necesarios para ello, podrán optar por la aplicación del régimen de consolidación fiscal en el primer período impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2015, siempre que la opción y comunicación se realice antes de la finalización de dicho período impositivo.

d) En el caso de integración de dos o más grupos fiscales previamente existentes, dicha integración y, en su caso, la incorporación de otras entidades en el grupo fiscal, se podrá realizar en el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2016.

En este caso, aquellos podrán seguir aplicando el régimen de consolidación fiscal en los períodos impositivos que se inicien en el año 2015 con la misma composición existente a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de incorporación y exclusión de entidades de un grupo de consolidación fiscal o la extinción del mismo.

e) Las eliminaciones practicadas en un grupo fiscal en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015 procedentes de la transmisión de participaciones en entidades pendientes de incorporar a la entrada en vigor de la nueva LIS, se incorporarán de acuerdo con lo establecido en la nueva LIS y les resultará de aplicación su régimen de exención.

f) Por último, con entrada en vigor al día siguiente de la publicación de la nueva LIS en el BOE y efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, cuando una Caja de Ahorros o una fundación bancaria pierda la condición de sociedad dominante de un grupo fiscal en un período impositivo, la entidad de crédito se subrogará en dicha condición desde el inicio del mismo, sin que se produzcan los efectos de la extinción del grupo fiscal, salvo para aquellas entidades que dejen de formar parte del grupo por no tener la condición de dependientes.
¿Cuál es su principal ventaja?

El régimen de consolidación fiscal supone que las distintas sociedades que lo integran se consideren a efectos del Impuesto sobre Sociedades como un sujeto pasivo único, tributando el grupo por la suma de bases imponibles de todas las sociedades que lo integran, permitiendo compensar de forma automática los beneficios y pérdidas obtenidas por las distintas sociedades del grupo.
Definición de grupo de empresas o grupos fiscales

Para que un grupo de empresas pueda acogerse al régimen de consolidación fiscal es preciso que exista una empresa dominante y otras dependientes participadas directa o indirectamente en al menos un 75% (un 70% en caso de empresas cotizadas). Además, hasta 2014 se debían cumplir estos dos requisitos:

    La sociedad dominante debía ser una sociedad establecida en España y que perteneciese al grupo fiscal.

    No podían formar parte del grupo las sociedades dependientes cuya participación indirecta por parte de la sociedad dominante se alcanzaba a través de sociedades intermedias que no estaban dentro del grupo (ya fuese por ser extranjeras, por estar en concurso o por darse algún otro requisito que se lo impidiese).

¿Cómo se aplica el régimen?

Aunque la aplicación de este régimen es voluntaria, una vez acordado este extremo es suficiente que así lo acuerden todas y cada una de las entidades del grupo fiscal, cuestión que afectaría también las de nueva incorporación. Los acuerdos, cuya ausencia determina la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal:

    deben adoptarse por el consejo de administración (para períodos impositivos iniciados antes del 1-1-2015, por la junta general de accionistas), o cualquier otro órgano equivalente si la entidad no tiene forma mercantil;

    han de ser tomados en cualquier fecha dentro del período impositivo inmediato anterior al que sea de aplicación este régimen de tributación. En períodos impositivos iniciados antes del 1-1-2015 se indicaba que surtían efectos en la medida en que no hubieran sido impugnados o no fueran susceptibles de impugnación.

Estos mismos requisitos deben ser cumplidos por las nuevas entidades que se vayan incorporando en años sucesivos.

Atención. La representante está obligada a la comunicación de dichos acuerdos a la Delegación de la AEAT correspondiente a su domicilio fiscal, o bien a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a las Dependencias Regionales de Inspección, a la que esté adscrita, con anterioridad al inicio del período impositivo en que sea de aplicación el régimen, esto es, dentro del mismo período impositivo en que se hayan adoptado los acuerdos.

La comunicación debe contener los datos siguientes:

    identificación de todas las entidades que integran el grupo; los establecimientos permanentes que tengan la condición de dominante deben identificar también a la entidad no residente a la que pertenecen;

    copia de los acuerdos por los que las entidades que forman el grupo han optado por tributar por el régimen de consolidación;

    detalle del porcentaje de participación y derechos de voto que la dominante ostenta sobre todas y cada una de las dependientes integrantes del grupo, indicando si la participación es directa o indirecta, así como la fecha de adquisición de esas participaciones;

    manifestación de que se cumplen todos los requisitos para formar grupo fiscal, tanto respecto de la dominante como de todas las entidades dependientes.

Igualmente la representante está obligada a comunicar a la Administración tributaria las variaciones en la composición del grupo fiscal, debiendo identificar las entidades que se han integrado en el grupo y las que han sido excluidas del mismo, lo cual se realiza en la declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición, sin que sea necesario adjuntar los correspondientes acuerdos de inclusión en el grupo fiscal.
¿Y si la nueva sociedad no acepta su inclusión en el grupo de consolidación fiscal?

La falta de inclusión de alguna sociedad en el grupo fiscal, comporta situaciones de responsabilidad que pueden manifestarse en el régimen de consolidación fiscal, y estas situaciones de responsabilidad  derivan tanto del pago de la deuda tributaria del propio grupo, contribuyente del IS, como de las infracciones tributarias cometidas en la aplicación de este régimen tributario.

En el régimen de declaración consolidada la sociedad dominante es el sujeto infractor  aunque en este régimen el contribuyente sea el grupo de sociedades y no su sociedad dominante. No obstante, para los períodos impositivos iniciados desde el 1-1-2015, si la dominante no es residente en territorio español, el sujeto infractor debe ser la entidad residente representante del grupo fiscal.

La normativa del IS dispone que las sociedades del grupo responden solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las sanciones. En todo caso, la derivación de responsabilidad por las sanciones sólo alcanza a aquellas sociedades del grupo en las que concurra culpabilidad en la realización del acto ilícito sancionable.
¿Sale beneficioso actuar en Grupo o de forma individual?

La base imponible del grupo consolidado no se determina a partir del resultado contable consolidado del grupo, sino de las bases imponibles de las entidades que lo integran, determinadas según el régimen de tributación individual.

A partir de aquí, la base imponible del grupo se calcula sumando  los siguientes conceptos:

a) Las bases imponibles individuales  correspondientes a todas y cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal teniendo en cuenta, sin incluir la compensación de bases imponibles negativas individuales generadas en ejercicios en los que se tributó por el régimen de consolidación, ya que las mismas habrán sido compensadas por el grupo con bases imponibles positivas de otras entidades del mismo en el período en el que se obtuvieron.

b) Las eliminaciones que procedan.

c) Las incorporaciones de las eliminaciones practicadas en ejercicios anteriores.

d) La reducción correspondiente a la reserva de capitalización, con la particularidad de que la misma se determina a nivel de grupo, aunque la dotación de la reserva la puede realizar cualquiera de las entidades que integran el grupo.

e) Los gastos no deducidos en ejercicios anteriores por dotaciones  de determinados deterioros de créditos y provisiones que han generado activos por impuesto diferido se deducen en el período impositivo que corresponda de acuerdo con los criterios de imputación específicos establecidos, con el límite del 70% (60% en el período impositivo 2016) del importe positivo que resulte de la agregación de todos los conceptos establecidos en las letras anteriores.

f) La compensación de las bases imponibles negativas del grupo fiscal  procedentes de períodos anteriores, cuando el importe de la suma de las letras anteriores (la renta del grupo fiscal) sea positiva, así como de las bases imponibles negativas pendientes de compensar por las entidades en el momento de su inclusión en el grupo.

Asimismo se deben tener en cuenta determinadas reglas especiales aplicables en la incorporación de entidades dependientes al grupo fiscal.

Atención. El interés de este régimen está precisamente en lo descrito en el anterior apartado f) ya que las futuras pérdidas de unas sociedades se compensarán de forma automática con los beneficios de las otras, y su desembolso inmediato por el Impuesto sobre Sociedades será inferior. Sin embargo, debe tenerse presente que esta compensación automática sólo se produce cuando las pérdidas se generan estando ya vigente el régimen de consolidación fiscal. Así, si una compañía tiene pérdidas pendientes de compensar y después se incorpora a un grupo fiscal, dichas pérdidas sólo podrán compensarse, dentro del grupo, con los beneficios que ella misma haya generado.

Por tanto, el régimen de consolidación fiscal, podría ser una buena alternativa, que merece la pensar estudiar en cada caso y descubrir las ventajas que hemos descrito, así como otras, en especial:

1.- Todas las empresas de un mismo grupo tributarían como si se tratase de una sola, compensando pérdidas de unas con beneficios de otras, sin necesidad de esperar a que las sociedades que han generado pérdidas obtengan beneficios, propiciando por tanto un ahorro financiero importante.

2.- Se dejaría de estar obligado a retener en operaciones entre las empresas que forman parte del grupo, siendo este tipo de operaciones cada vez más numerosas y comunes, tales como reparto de dividendos, préstamos entre empresas del grupo, arrendamientos, etc.).

3.- Se deduce la carga financiera de entidades del grupo contra el resultado del grupo o eliminando la los resultados de operaciones intragrupo.

4.- La obligación de documentar las operaciones vinculadas que existe entre empresas de un grupo desaparece cuando se opta por el régimen de consolidación fiscal.


lunes, 23 de mayo de 2016 15:05

Los futuros en Europa cotizan en tablas y dejan en el aire la conquista de los 8.800 puntos en un Ibex que ha encadenado 14 cierres por debajo de este nivel, en un rango de apenas 121 puntos. El euro resiste en 1,12 dólares, y el Brent se frena en los 48 dólares.

Si la Bolsa española no logra concluir en positivo, encadenaría tres semanas completas atascada con cierres entre los 8.654 y los 8.775 puntos. Una situación insólita que pudo zanjarse el pasado viernes, cuando el Ibex alcanzó máximos intradía en 8.793 puntos. Pero finalmente la subida se moderó al 1,11%, para quedarse justo por debajo de sus resistencias, en 8.771 puntos. La tregua que apuntan los futuros en Europa dejan en el aire la posibilidad de superar estos niveles.


lunes, 23 de mayo de 2016 15:04

El informe de CC OO no solo cuantifica, con datos oficiales, la pérdida de empleo que ha sufrido el sector público durante la crisis; sino que analiza qué ha ocurrido cuando sí se ha procedido a contratar. La destrucción de más de 23.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) desde enero de 2011 hasta enero de 2015 “es consecuencia de la política del Gobierno de limitar la reposición de efectivos que causaban baja”, asegura el estudio.

En este sentido, insiste en que dicha tasa de reposición ha sido durante la mayor parte del periodo analizado del 0%. Solo al final, en 2015, se autorizó un 50% de sustitución de las bajas, aunque solo en los ámbitos declarados prioritarios. El sindicato llama la atención sobre cómo la escasa oferta de empleo público aprobada en los últimos años “no ha tenido una distribución homogénea entre los distintos grupos de titulación existentes”.

“Más del 73% de las incorporaciones de nuevos efectivos que se han producido en el citado periodo lo han sido en los grupos de nivel superior, aquellos en los que se exige la titulación de grado, y menos de un 15% de las plazas se han destinado a puestos de la estructura de apoyo”, asegura el análisis. Así, en el periodo 2011-2015 fueron convocados en oferta de empleo público 105 puestos por cada 1.000 efectivos del grupo A1 y 65 del grupo A2.

Por el contrario, únicamente se ofertaron 13 puestos por cada 1.000 efectivos del grupo C1 y 2 del grupo C2. Los autores del informe también denuncian la discrecionalidad de la política de personal aplicada en muchos departamentos, “basada en una desmesurada utilización de los sistemas extraordinarios de provisión de puestos, que condiciona la carrera profesional y las retribuciones de la plantilla”.


lunes, 23 de mayo de 2016 15:03

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO acaba de elaborar un estudio en el que cuantifica la destrucción de empleo que se ha producido desde enero 2011 hasta enero de 2015. La cifra absoluta ronda los 140.000 puestos de trabajo, de los que 23.000 se perdieron en la Administración General del Estado. El sindicato denuncia que este ajuste de las plantillas ha mermado la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

El documento Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado analiza no solo lo ocurrido con las principales políticas de gasto durante la crisis, sino también cómo han evolucionado las plantillas de los distintos niveles de la Administración. Durante el periodo al que hace referencia el estudio, el conjunto de las Administraciones Públicas perdió cerca de 140.000 puestos de trabajo. En términos absolutos, el mayor volumen de destrucción se produjo en las comunidades autónomas y en las administraciones locales, lo cual es lógico ya que su peso sobre el total del sector público también es mayor.

Sin embargo, cuando se evalúan los ajustes en términos relativos, la Administración General del Estado (AGE), que apenas supone el 8,05% del total de los empleados públicos, se sitúa en segundo lugar respecto a la destrucción de empleo, en cifras muy similares a la Administración local, con una pérdida de efectivos superior al 10% en relación al volumen existente en enero de 2011. Además, dentro del periodo analizado, llama la atención cómo la disminución más dura en el caso de las entidades locales se produjo entre 2011 y 2013, llegando a una pérdida de empleo del 15,09% e iniciándose a partir de entonces cierta recuperación.

En las Administraciones autonómicas, el recorte de empleo ha sido mucho más ligero, estabilizándose en torno al 4% de los efectivos. El Registro Central de Personal incluye datos hasta julio de 2015, los últimos disponibles, y lo cierto es que en esas cifras se observa una leve recuperación del empleo en el ámbito de la Administración autonómica, en las diputaciones y cabildos, así como en las universidades.

Por el contrario, en julio volvió a registrar retrocesos en la AGE, los ayuntamientos y la denominada Administración Pública Estatal, que incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, la Administración de Justicia o las entidades públicas empresariales y organismos con regulación específica, así como el personal docente y sanitario. Además, la encuesta de población activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística también ofrece información sobre la evolución del empleo en el sector público. Con diferencias en los valores absolutos respecto al citado registro central, dependiente de Hacienda, lo cierto es que muestra la misma tendencia.


lunes, 23 de mayo de 2016 15:01

La mayoría de países apoya la inversión y el crecimiento de las empresas familiares aplicando tipos fiscales reducidos y elevadas deducciones a las transmisiones a la siguiente generación, según el informe Global Family Business Tax Monitor. Este informe, elaborado por KPMG, analiza la tributación en 42 países, incluido España, sobre dos posibles escenarios de transmisión de una empresa familiar: transmisión inter vivos (donación) o mortis causa (herencia).

El estudio revela que, aunque los regímenes fiscales varían en gran medida, en general existe un interés por parte de los legisladores de fomentar la inversión en estas sociedades y su permanencia a lo largo de las siguientes generaciones. Incluso en aquellos países donde los tipos son más elevados existen mecanismos que permiten aplazar o fraccionar el pago de los mismos.

Del informe se desprende que la carga fiscal varía dependiendo de cada país. Así, mientras algunas economías no imponen cargas fiscales en las sucesiones de las empresas familiares, otras aplican tributos de más de 4,5 millones de euros. En el caso de una donación, las diferencias oscilan entre la exención total e impuestos de más de cinco millones. Todos estos análisis se han hecho sobre un mismo supuesto, de una empresa familiar valorada en 10 millones de euros.

En este sentido, la aplicación de tipos fiscales reducidos a las transmisiones de empresas a la siguiente generación, ya sea por donación o sucesión, o la existencia de mecanismos que permiten el pago de la deuda a plazos o su diferimiento, indica que los Gobiernos pretenden fomentar que los miembros de la familia mantengan sus activos y el negocio a lo largo de las generaciones y que impulsen el crecimiento y el desarrollo.

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domingo, 22 de mayo de 2016 15:06

El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, afirma que las comunidades autónomas deben tener un déficit público cero. En una entrevista en el diario La Vanguardia, el ministro explica que la Comisión Europea ha dado a España un año extra para el cumplimiento de los objetivos del déficit, en la línea planteada por el Gobierno.

“Sería injusto que a un país como España, que ha hecho un esfuerzo muy importante para reducir el déficit en un contexto difícil, se le sancionara”, señala De Guindos, que añade que “el gasto social crece”. El ministro declara que: “La economía española creció el 0,8% en el primer trimestre. No veo síntomas de desaceleración en el segundo”. “La incertidumbre política no ha llevado a una desaceleración. Otra cosa es si hubiéramos tenido un Gobierno estable, tal vez se podría crecer incluso más”, manifiesta. De Guindos señala que “el presidente del Gobierno ha dicho que su voluntad es bajar los impuestos si se mantiene la recaudación y se cumple con el déficit público”.

Preguntado por las palabras del expresidente del Ejecutivo José María Aznar a favor de acelerar el proceso de consolidación fiscal, De Guindos responde: “Él no se encontró con una crisis bancaria y un deterioro de la competitividad tan importante como los que tuvo que afrontar este Gobierno”. Sobre el futuro de Bankia considera que su fusión con BNM “puede ser razonable, pero este Gobierno no tomará la decisión”.


domingo, 22 de mayo de 2016 15:04

El 50,9% de los contratos indefinidos de apoyo a emprendedores, creado en la reforma laboral de 2012, no llega a superar el año de duración, cifra que se eleva al 56,9% cuando las empresas no se acogen a bonificaciones. El sindicato ha pedido en varias ocasiones la retirada de este contrato porque contribuye a la "precariedad" del mercado laboral al permitir el establecimiento de un periodo de prueba de un año sin indemnización por despido a su finalización.

UGT entiende que este periodo de prueba permite utilizar esta modalidad como sustituto de un contrato temporal sin coste, siempre que la empresa no se acoja a incentivos fiscales ni bonificaciones. "Los diferentes comportamientos entre este contrato y los indefinidos ordinarios desenmascaran la naturaleza temporal de una modalidad que quiere hacerse pasar por indefinida", ha denunciado UGT en un comunicado.

Más del 15% de los contratos indefinidos actuales son de apoyo a emprendedores, un porcentaje que en 2013 era de 6,2%, por lo que su peso en la contratación se ha más que duplicado, un dato "preocupa" mucho al sindicato. "En el último año su uso ha aumentado más del 38%, siendo el causante de los incrementos mostrados por la contratación indefinida. Esta figura estrella de la reforma laboral de 2012 es un fraude, por más que se empeñen en decir que es un contrato indefinido", ha subrayado.


sábado, 21 de mayo de 2016 15:08

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha ordenado a los letrados de la Administración de Justicia que vuelvan a elaborar un listado con el estado del 20 por ciento de causas que estarían, de media, pendientes de clasificar como sencillas o complejas. Esta clasificación determina el tiempo que tienen los jueces para instruirlas.

Tras reunirse ayer con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, Catalá insistió en su confianza en que el próximo 6 de junio estén revisadas las 346.000 causas judicializadas en los tribunales. "Un trabajo sencillo", apostilló, que determinará si el plazo de instrucción es de seis meses para las causas sencillas o de 18, en las complejas.

Durante la comparecencia, donde no estuvo presente Madrigal, el titular de Justicia ofreció datos desglosados sobre cuántas causas están aún pendientes de clasificación en cada provincia. Catalá aseguró que en "muchas provincias" ya se han revisado todas las causas y, en otras, queda una media del 20 por ciento por clasificar.

"En ningún caso se archivarán causas penales por falta de revisión antes del 6 de junio", subrayó. El ministro recordó que "esto ha permitido que algunas hayan sido dinamizadas con nuevas diligencias".

El Consejo Fiscal, órgano consultivo presidido por Madrigal, advirtió antes de este encuentro que veía "imposible" cumplir con la LECrim. "La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales", señaló en un comunicado el Consejo Fiscal tras su última reunión.


sábado, 21 de mayo de 2016 15:08

Los últimos datos estadísticos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muestran cómo la duración de los procedimientos mejoró considerablemente en el año 2015. Según los datos facilitados por la institución europea, la duración media de la tramitación de cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia se sitúa actualmente en 15,3 meses, mientras que la duración de los recursos directos fue el año pasado de 17,6 meses, lo que constituye una disminución significativa respecto a años anteriores. En cuanto a los recursos de casación, el plazo medio está en 14 meses, la media más baja de los últimos años.

Por su parte, el Tribunal General ha mejorado su productividad con una reducción considerable del tiempo medio de resolución de los procedimientos, pasando de 23,4 meses en 2014 a 20,6 meses en 2015, lo que representa más de un 10% de reducción.

Por su parte, en el Tribunal de la Función Pública, la duración media del procedimiento (sin contar eventuales suspensiones) pasó de 12,7 meses en 2014 a 12,1 meses en 2015 (frente a los 14,7 meses en 2013). Esta mejora generalizada en los tres órganos jurisdiccionales que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se produce además en un año récord, en el que se interpusieron 1.711 asuntos, el número más elevado en la historia de la institución.


sábado, 21 de mayo de 2016 15:07

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran cómo en 2015 mejoraron las duraciones medias de resolución de forma generalizada. Según las estadísticas que manejan, en el conjunto de las jurisdicciones, en 2015, un asunto tardó en resolverse 3,4 meses de media en primera instancia y 4,2 meses en segunda instancia, reduciéndose los tiempos en un 7,5% y un 8,7%, respectivamente. En el caso del Tribunal Supremo (TS), sin embargo, las duraciones medias aumentaron en un 4,8% el año pasado, con un plazo medio de 11,6 meses para resolver un litigio.

Por jurisdicciones, los órganos judiciales que presentan tiempos de resolución más prolongados son los de lo contencioso administrativo, donde se tarda de media un año en lograr una respuesta judicial. No obstante, en 2015, esta jurisdicción ha reflejado importantes descensos en la duración de los asuntos, tanto en primera y segunda instancia como en el Supremo, respecto a 2014.

En laboral, llama la atención que, aunque se han reducido significativamente los tiempos de respuesta, en el caso del TS han aumentado en un 14,2%. El mismo comportamiento se observa también en civil, donde bajan de forma generalizada, pero crecen en un 15,9% en el Alto Tribunal. En esta jurisdicción, lo que más llama la atención es la evolución de los juzgados mercantiles, que desde el año 2011 han visto cómo la duración de los asuntos crecía desde los 28,2 meses de media de ese año hasta los 41,6 meses que se registraron en 2015. En penal es donde los tiempos de respuesta son más breves, con duraciones medias en torno a los dos meses; cinco, en el caso del TS.

Por tipo de asunto, las estadísticas muestran, por ejemplo, que en los juzgados de lo social un conflicto colectivo tarda 12,7 meses en resolverse y un despido, 7,2 meses. Por su parte, los juzgados de lo contencioso dan respuesta a un conflicto con la Administración Tributaria en un plazo de 12,7 meses, período que aumenta en los tribunales superiores de Justicia hasta los 23,9 meses.


sábado, 21 de mayo de 2016 15:07

Los colegios de abogados tramitaron un total de 621.658 expedientes electrónicos de justicia gratuita en 2015, unos datos que indican que su uso se ha disminuido un 1% con respecto al año anterior.

En 2014 fueron 627.741 los expedientes de ciudadanos que utilizaron el servicio de expedientes electrónicos de justicia gratuita, mientras que en 2013 esta modalidad de expediente se utilizó en 565.492 solicitudes de justicia gratuita, según los datos presentados en las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita que se celebran en Segovia. En cinco años se ha duplicado el uso de dicho expediente, pasando de 316.922 expedientes en 2011 a 621.658 de 2015.

Según explica el propio Consejo General de la Abogacía, el expediente electrónico de justicia gratuita recopila de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del derecho a la justicia gratuita, aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días.


sábado, 21 de mayo de 2016 15:05

Para 1.400.200 parados, la recuperación todavía es una realidad muy lejana. Llevan tres años o más sin empleo y, en muchos casos, han perdido la esperanza de encontrar un puesto de trabajo. Este colectivo no sólo no disminuyó en 2015, pese al descenso del número de parados y el incremento de la ocupación. Al contrario, aumentó un 0,2%, lo que supone cerca de un tercio (30,9%) del total de parados con experiencia laboral, según la submuestra anual de la Encuesta de Población Activa (EPA), que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

Ayer, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) dio a conocer otro informe, elaborado con datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, que afirmaba que España lidera junto a Grecia el ránking de países con mayores tasas de paro de larga duración. Así, aunque el número de desempleados que llevan como mínimo más de 12 meses en paro bajó en el conjunto de la UE en 2015 hasta el 4,5%, tras haber alcanzado un máximo del 5,1% en 2013; España y Grecia presentan todavía unos elevados niveles de paro de larga duración, en concreto un 18,2% y un 11,4% respectivamente.

Paro de larga duración El paro de larga duración, junto a juvenil y al de los mayores de 45 años, es una de las principales lacras de nuestro mercado laboral. Muchos parados tienen dificultades para encontrar un empleo al carecer de formación y ante la cada vez mayor demanda de trabajos cualificados fruto de la transformación digital.

La submuestra de la EPA también ofrece datos sobre las circunstancias en las que se encontraban los parados. Así, de los 5.056.000 desempleados de media en 2015, 4.530.800 habían trabajado anteriormente. Además, un 48,8% de las personas que perdieron su empleo lo hicieron por la finalización de su contrato laboral, mientras que un 12,4% fueron despedidos, una cifra inferior a la del año 2014 que fue del 17%.


sábado, 21 de mayo de 2016 15:03

La Generalitat ha situado hoy el déficit fiscal de Catalunya con la administración central del Estado -el diferencial entre lo ingresado y lo gastado por el Gobierno central en la región- en 14.623 millones de euros en el año 2012, cifra que equivale al 7,5% del PIB catalán, según el último cálculo hecho por el gobierno catalán. Dicho cálculo se realiza en base al flujo monetario, pero si se hace teniendo en cuenta el método de carga-beneficio, el déficit fiscal se reduce a 10.030 millones, lo que representa el 5,1% del PIB catalán.

Según la Generalitat, Catalunya aporta el 18,4% de los ingresos estatales y recibe el 13,6% del gasto total. En el año previo al último calculado, en 2011, el diferencial trepó a 15.006 millones, el 7,7% del PIB.

El método de flujo monetario mide el impacto económico generado por la actividad del Estado en el territorio y, según la conselleria de Economía, es especialmente relevante en tiempos de crisis y paro, ya que muestra el gasto efectivo que ha hecho la administración central en un territorio concreto.

Si se calcula la balanza fiscal sin la Seguridad Social, el gasto del Estado en Catalunya cae del 13,6% hasta el 9,2%, debido a que el gasto de la Seguridad Social, básicamente pensiones, prestaciones de paro y otras prestaciones económicas, está ligado a unos derechos y obligaciones adquiridos por los ciudadanos a título personal y no está sujeto a la discrecionalidad de las políticas territoriales del Gobierno.


sábado, 21 de mayo de 2016 0:00

Los ministros de Finanzas del G7 (el grupo de las economías más poderosas) han analizado en la última jornada de la cumbre de Sendai el panorama expuesto por los “Papeles de Panamá” y se comprometieron a potenciar su lucha contra el fraude y la financiación del terrorismo. La cita, que reunió a los titulares de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de las siete economías más desarrolladas y de la Unión Europea (UE), se saldó con la presentación de un plan para tratar de segar los canales de financiación del terrorismo.

El objetivo del programa es reforzar los estándares que ya se aplican en este terreno e “implementar de manera efectiva” las recomendaciones del Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales (FATF) con vistas a lograr compromisos “para finales de 2016”. El comisario europeo de Finanzas, Pierre Moscovici, se contó entre los participantes que defendieron hoy con mayor contundencia la necesidad de luchar contra la falta de transparencia que aún rodea a los flujos financieros transfronterizos. “Los papeles de Panamá han mostrado cómo individuos y entidades pueden aún ocultarse detrás de estructuras opacas y utilizar cuentas “offshore” para esquivar la vigilancia del fisco y además utilizarlas con otros fines delictivos”, defendió Moscovici en rueda de prensa.

Los siete estuvieron hoy de acuerdo en implementar al máximo acuerdos multilaterales como el de Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS), auspiciado por el G20 y la OCDE, y en tratar de promoverlo para que el mayor número posible de Estados se adhiera pronto. Se evitó abogar por una corriente coordinada de políticas de estímulo, una opción que Japón quiso debatir, y se subrayó la importancia (los representantes de la UE lo hicieron con especial énfasis) de mantener en el momento actual una línea que no descuide la consolidación y la disciplina fiscal.

“Es importante que las grandes economías hayamos estado de acuerdo en que ahora mismo se deben usar todas las herramientas -monetarias, fiscales y estructurales- de manera equilibrada”, dijo a este respecto el secretario del Tesoro de EE UU, Jack Lew. “En lo fiscal y monetario no todos estamos en la misma posición. Algunos tienen más margen fiscal y otros están creciendo de manera más sólida y sostenida que el resto. Todos tenemos necesidades y desafíos distintos; no hay un remedio universal”, añadió.


viernes, 20 de mayo de 2016 15:02

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, discrepan sobre el cumplimiento de los plazos para la instrucción de causas pendientes. Ambos se reunieron este jueves en el Ministerio y Catalá garantizó que “se cumplirá al cien por cien”, aunque a 20 días de acabar el plazo admite que quedan miles de causas por revisar. La Fiscalía da por hecho que es imposible cumplir la ley, pero Madrigal se negó a dar explicaciones tras la reunión.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el pasado 6 de diciembre, que en su artículo 324 establece un plazo de seis meses para la instrucción de sumarios. Es ampliable a 18 meses solo si se declara antes, a instancias de fiscal, como causa compleja. Por eso, la Fiscalía dictó una instrucción para que se revisaran todos los procedimientos abiertos y poder determinar cuáles son declarados complejos. Es decir, la revisión debe concluir antes del 6 de junio y, según cálculos aproximados, afectaría a casi 400.000 causas abiertas. La cifra se incrementa cada día, en función de los nuevos procedimientos que se van abriendo.

El Consejo Fiscal, en el que está representada la carrera y que preside la propia Madrigal, aprobó el miércoles una resolución en la que admitía la imposibilidad de revisar todas las causas antes del plazo legal de seis meses. La fiscal general hizo suya esa crítica a la reforma legal que, en su momento, fue rechazada también por todas las asociaciones de jueces y fiscales, las conservadoras y las progresistas. Tuvo también el voto en contra de todo el Congreso en la anterior legislatura, salvo el PP que tenía entonces mayoría absoluta. En esta última legislatura, la mayoría del Congreso aprobó una proposición no de ley instando a la derogación.

Catalá aseguró tras la reunión de este jueves que días antes de cumplirse el plazo ya se ha revisado el cien por cien, en casi todas las provincias, salvo en algunos lugares que van por el 80%. No precisó en qué lugares, aunque citó como ejemplo Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. Aunque las cifras son muy imprecisas, el 80% de los procesos abiertos en esas provincias citadas por el ministro suponen miles de causas. No obstante, los datos del Consejo Fiscal del miércoles muestran que en algunas provincias solo consta como revisado el 27% de los procedimientos.


viernes, 20 de mayo de 2016 15:00

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que Grecia podría alcanzar un nivel de deuda sostenible sin efectuar “quitas directas” a sus acreedores, mediante “la ampliación y la concesión de un periodo de gracia” en los vencimientos. “Creemos que es posible restaurar la sostenibilidad de la deuda sin quitas directas, aunque esto debería incluir unos términos con grandes concesiones, incluidos unos largos periodos de gracia y vencimiento con tasas muy bajas”, indicó el portavoz del FMI, Gerry Rice, en una rueda de prensa en la sede del organismo en Washington.

De este modo, el Fondo plantea la posibilidad de prolongar los tiempos de pago con el objetivo de dar aire a la economía griega, inmersa en una prolongada crisis de deuda; y urge a los socios europeos, con Alemania a la cabeza, a ceder en su negativa frontal a cualquier reestructuración de deuda. No obstante, el FMI insistió en que este alivio de deuda debe ir acompañado de “atrevidas” reformas estructurales, en concreto en el sistema de pensiones. “Hay muchas opciones posibles sobre cómo alcanzar un programa de alivio de deuda y esas discusiones han comenzado y les damos la bienvenida”, agregó Rice.

Según fuentes conocedoras de las negociaciones que cita EFE Dow Jones, el FMI presiona actualmente a la eurozona para que permita a Grecia dejar de pagar intereses o el principal de los créditos de rescate otorgados hasta 2040. El tipo de interés de los créditos de la eurozona a Grecia debería ser el 1,5% durante 30 o 40 años y todos los pagos de intereses deberían posponerse hasta que los préstamos comiencen a vencer, de acuerdo con la propuesta del Fondo.

El FMI aún no ha confirmado su participación en el tercer programa de rescate de 86.000 millones de euros (97.000 millones de dólares) a Grecia pactado con los socios europeos, y ha expresado sus dudas sobre lo “poco realista” de los objetivos de ese plan. En concreto, ha criticado la meta de un 3,5% de superávit primario en Grecia, ya que no lo considera “plausible”. “Creemos que esto significaría demasiada austeridad, no queremos más austeridad para Grecia”, indicó Rice.


viernes, 20 de mayo de 2016 15:00

En la jornada de vencimiento mensual de futuros, el Ibex intenta acercarse a los 8.800 puntos, con el euro en 1,12 dólares y el Brent en 49 dólares.

El vencimiento mensual de futuros podría ayudar a la Bolsa española a salir del rango lateral de apenas 121 puntos con el que ha cerrado ya en las 13 últimas jornadas. Desde el 3 de mayo, cuando perdió los 9.000 puntos, el Ibex siempre ha concluido la sesión entre los 8.654 y los 8.775 puntos. Los futuros en Europa activan las subidas, próximas por momentos al punto porcentual, por lo que el índice selectivo español tiene la opción de acercarse al máximo alcanzado en las últimas semanas. Un signo alcista permitiría además recuperar los 8.721 puntos con los que finalizó el pasado viernes.

Las bolsas europeas ponen coto a las dudas de jornadas anteriores y apuntan claramente al alza. Los futuros alcanzan subidas superiores por momentos al punto porcentual. El resurgir de las compras acerca al índice Eurostoxx50 al umbral de los 3.000 puntos.


viernes, 20 de mayo de 2016 14:59

Con una tasa del 11,4%, lejos del 1,7% que tenía antes de la crisis, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) con datos a 2015 de Eurostat. Sólo Grecia presenta una tasa de paro de larga duración (más de un año en el desempleo) superior a la española, con un 18,2%. La tasa española se encuentra casi siete puntos por encima de la media comunitaria, que se situó en 2015 en el 4,5%.

Además de España y Grecia, otros nueve países sobrepasan el promedio europeo: Croacia, con una tasa de paro de larga duración del 10,3%; Eslovaquia (7,6%); Portugal (7,2%); Italia (6,9%); Chipre (6,8%); Bulgaria (5,6%); Irlanda (5,3%); Eslovenia (4,7%) y Letonia (4,5%). Sólo unas décimas por debajo de la media comunitaria aparecen Bélgica (4,4%) y Francia (4,3%), mientras que Lituania, Hungría, Países Bajos, Polonia y Rumanía sitúan su tasa de paro de larga duración en la banda del 3%.

Con tasas de entre el 2% y el 2,4% figuran República Checa, Estonia, Malta, Finlandia y Alemania. Cierran la tabla, con las menores tasas de paro de larga duración, Suecia (1,5%), Reino Unido (1,6%), Austria (1,7%), y Dinamarca y Luxemburgo, ambas con un 1,9%.


viernes, 20 de mayo de 2016 14:59

España es el tercer país de la UE con más subempleo entre los trabajadores a tiempo parcial, tras Grecia (el 71,8%) y Chipre (68%) y muy por encima de la media de la UE (22,4%) o de países como Dinamarca (9,6%), República Checa (9,6 %) o Estonia (12%). España es, por tanto, el tercer país del bloque comunitario en el que más se trabaja a tiempo parcial por no encontrar un empleo a jornada completa.

En términos generales, el 15,7% de todos los empleos en España corresponden a trabajos de tiempo parcial, mientras que las personas en jornada reducida involuntaria -que desearían trabajar más- representan el 8,5% de todos los empleos, según los datos de Eurostat. Además, los trabajos a tiempo parcial están generalmente ocupados por mujeres (el 67% en España y el 66% a nivel comunitario).

En la UE, 8 de cada 10 personas con trabajo tienen un contrato de jornada completa y 2 de cada 10 están a tiempo parcial, mientras que casi 10 millones de trabajadores (el 22,4% de los contratados a tiempo parcial) afirman desear trabajar más. Por otra parte, en España hay 949.000 personas que podrían trabajar pero no buscan trabajo y 220.000 que sí buscan pero no están disponibles para incorporarse de inmediato -como estudiantes que aún no se han graduado-, según las cifras que proporciona Eurostat.

Estos dos casos suman el 5,1 % de la mano de obra disponible en España. El 65 % de las personas en esta situación en España son mujeres, una tendencia que se repite en la UE (57%).


viernes, 20 de mayo de 2016 14:58

En sus Propuestas laborales para el crecimiento de la economía española, CEOE pide carta blanca para las empresas para dar toda la flexibilidad posible a la contratación temporal. Así, y entre otras cosas, la patronal propone "eliminar" el límite de tres años de duración para el contrato por obra o servicios determinado, y "permitir cuantas prórrogas sean precisas en el contrato eventual". O, incluso, a través de la negociación colectiva, establecer un contrato eventual de 3 a 5 años de duración, "ligado al ciclo de vida del producto o servicio", mientras la tasa de desempleo en España sea superior al 15% de la población activa.

Dentro del convenio también, los empresarios plantean determinar las causas generales que "justificarían la contratación temporal, de forma que no sea preciso acreditarla en cada caso individual". Es decir que, en cada caso, se "presumirían que concurren las causas de dicha temporalidad".

Otra alternativa que plantea CEOE en este terreno es suprimir la obligación de la empresa de convertir un contrato temporal en indefinido cuando el trabajador haya superado los dos años de eventualidad, dentro de un periodo máximo de dos años y medio en la empresa, mediante dos o más contratos temporales. Es decir, un trabajo temporal sin límite.

En último caso, la patronal pide que se simplifique la conversión del contrato temporal en indefinido. Explica en el documento su defensa de las diferentes propuestas de contrato temporal "como fórmula de gestión flexible de personal y válvula de escape a la rigidez y conflictividad de la extinción/modificación de los contratos indefinidos". Todo ello "pese a que las empresas son conscientes de las ventajas de contar con plantillas estables y formadas".

En este contexto, los empresarios llaman al futuro Gobierno a distinguir entre distintos modelos de empleo temporal: "El necesario, que debe preservarse para mantener una adecuada gestión empresarial". Además, el trabajo temporal, "que no es estrictamente necesario, pero sí ajustado a la normativa, que debería poder canalizarse hacia otras fórmulas que ofrezcan más estabilidad, pero preservando la capacidad de adaptación de las empresas". No obstante, pese al riesgo de malas prácticas en este tipo de contrato, "alerta de la temporalidad abusiva o fraudulenta, que sin duda es rechazable".


viernes, 20 de mayo de 2016 14:58

La concentración del empleo en turismo y comercio limita la creación de puestos de trabajo a las autonomías turísticas. En concreto hay seis (Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana), que han acogido al 92,5% de los turistas extranjeros y que concentran al 77% de los afiliados foráneos. La más beneficiada ha sido Cataluña, con 24.180 nuevos afiliados, seguida por Madrid (12.709), Andalucía (8.271), y Comunidad Valenciana (6.952). Ya a cierta distancia aparecen Baleares (5.290) y Canarias (5.201). Entre las seis suman el 83% de nuevos cotizantes.

El buen ritmo con el que ha iniciado el mercado de trabajo el año ha tenido su reflejo entre la población activa extranjera. El número de ocupados extranjeros creció un 4,68% en abril (75.209 nuevos cotizantes), según los datos del Ministerio de Empleo, y rozan de nuevo los 1,7 millones de afiliados, un nivel inédito desde 2012 y un ritmo de crecimiento que no se registraba desde 2008. Si se tiene en cuenta los datos del Régimen General, que excluye autónomos y trabajadores del Mar y del Carbón, se trata del nivel más alto de la serie histórica, iniciada en 2007.

Los motivos se centran en las mayores contrataciones en dos sectores (hostelería y comercio), beneficiados por la mayor llegada de turistas extranjeros y la recuperación del consumo de los hogares. España cerró el pasado ejercicio con un máximo de 68 millones y las cifras del primer trimestre reflejan crecimientos de dos dígitos, mientras que las ventas del comercio minorista, el indicador que mejor refleja las oscilaciones del consumo, crecen con fuerza desde hace año y medio tras 39 meses consecutivos de caída.

En abril había 242.090 afiliados a la hostelería, con un incremento anual del 6,7%. Es el sector más representativo, con un 17,19% del total. En el comercio, la base de cotizantes creció un 4,31%, hasta los 172.458, un 12,24% del total. Entre ambos emplean a uno de cada tres extranjeros.

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